El Partido Popular ha pasado a la acción ante la crisis de vivienda en España y ha situado en el foco de su plan de acción a los perfiles más vulnerables: familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad o mujeres víctimas de la violencia de género centran buena parte del plan de acción que Alberto Núñez-Feijóo planea presentar este viernes. El plan que ultiman los populares contempla también extender la acción de buena parte de las medidas hasta los 40 años, extendiendo así el blindaje de los jóvenes por encima de los 35 años.
"Si hay un convencimiento detrás de este plan es que no puede haber en España una generación perdida de la vivienda", señalan fuentes de Génova. En este contexto, el PP contempla que los avales para acceder a una hipoteca se extienda en todos sus territorios hasta los 40 años, algo que hasta ahora habían anunciado de manera aislada algunas comunidades como Madrid o Andalucía. Además, en los territorios en los que gobiernan, la vivienda tributará como máximo al 4%del ITP.
El PP articula su plan en torno a cuatro ejes en los que considera que es "imprescindible" actuar, con medidas que les comprometen desde este momento en adelante.
El primero de esos pilares es el aumento de la oferta para responder a la demanda, con el objetivo prioritario de que se desarrollen más viviendas accesibles. Con esta premisa sus propuestas pasan por eliminar las trabas para la construcción, algo en lo que ya están trabajando desde los gobiernos autonómicos mediante la movilización de suelo público que se pueda dedicar a vivienda asequible a precios tasados, hasta un 30% de alquiler más barato que la media del mercado o mediante el compromiso de crear un Portal del Suelo que dará información abierta sobre la localización de todas las parcelas disponibles.
Pretenden también agilizar la concesión de licencias de obra nueva o reforma implantado el silencio positivo, algo que está contemplado en la Ley del Suelo que han presentado en el Senado. De esta forma atienden a una de las principales reivindicaciones del sector, que se queja del exceso de burocracia para sacar adelante los desarrollos urbanísticos. Ante esto, el PP quiere reducir los trámites de competencia autonómica (planes sectoriales) en materia urbanística de 9 a 3 meses, así como flexibilizar las operaciones de regeneración urbana para facilitar ajustes de edificabilidad, transferencias de aprovechamiento, utilización de remanentes.
Con ese propósito de reducir la maraña burocrática para impulsar la oferta, los populares contemplan en su plan abrir un tiempo de excepción de 48 meses para agilizar la construcción y rehabilitación de vivienda y crear para ese periodo la figura del proyecto residencial estratégico, que deberá reservar obligatoriamente la mitad de los inmuebles a vivienda asequible. Además, quieren garantizar que en estos casos, el plazo medio de construcción de nueva vivienda que a día de hoy está en 10 años se rebaje a cuatro.
El segundo pilar pasa por apoyar la demanda y el tercero por proteger al propietario. En este punto, los populares dan especial relevancia a proteger las herencias y donaciones familiares, que contarán con bonificaciones del 100% sobre cantidades que se destinen a alquiler o compra de primera vivienda.
El PP identifica además la ocupación como una de las principales preocupaciones de los propietarios, por eso la primera medida de apoyo que plantean es una ley que desaloje a los okupas en 24 horas y aumente las penas por estos delitos. La norma lleva más de un año bloqueada en el parlamento en el periodo de enmiendas, pero en el PP están convencidos de que conseguirán sacarla adelante y recabar los apoyos necesarios para ello.
El último eje de su plan pasa por reforzar al sector promotor y hacer de él un sector "fuerte y competitivo", para lo que plantean incluir en el Plan promover el crédito promotor, teniendo en cuenta todo el proceso previo del suelo; fomentar nuevas tecnologías que reduzcan tiempos, mejoren la competitividad y palien la falta de mano de obra cualificada en el sector.