Enfado, decepción, desesperación, cabreo... de esta forma define el sector inmobiliario su estado de ánimo tras el nuevo intento fallido en el Congreso por sacar adelante la reforma de la Ley del Suelo, una norma que consideran fundamental y básica para abordar la falta de oferta de vivienda en España en plena crisis de acceso y que, sin embargo, los grupos parlamentarios se resisten a aprobar.
La votación anoche en la Cámara Baja terminó con el rechazo rotundo de los grupos (PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu, Podemos votaron en contra) a la proposición de ley impulsada por el PSOE y el PNV -aunque sólo firmada por los nacionalistas vascos- que intentaba retomar el proyecto fallido del pasado mes de mayo. Sin embargo, por segunda vez en nueve meses, la mayoría de partidos votaron en contra (salvo Vox, que se abstuvo) y de paso, asestaron un nuevo correctivo parlamentario para las intenciones del PSOE de sacar la norma adelante.
"No entiendo cómo se lo van a explicar a la ciudadanía", lamentan fuentes del sector inmobiliario consultadas por EL MUNDO. "Esta decisión es incongruente con los discursos que les escuchamos a diario sobre el problema de la vivienda. Es hipocresía de todos", argumentan.
Y es que todos los partidos reclaman soluciones urgentes ante la crisis de accesibilidad que atraviesa España, pero ayer dejaron claro en sus intervenciones en parlamentarias que no están por la labor de limar posturas. Sumar aseguró que la propuesta de su socio de gobierno es un "copia y pega" del anteproyecto de ley que aprobó en 2018 el popular Mariano Rajoy, y lo vinculó a la "corrupción" y la "especulación urbanística". El PP, por su parte, criticó que el texto "no está a la altura" de la que ellos han registrado en el Senado y esperan aprobar en breve.
La proponente del texto y diputada del PNV Maribel Vaquero aseguró haber leído "detenidamente" la propuesta de los populares y sostuvo que, "en lo relativo a la ley del suelo, su planteamiento es muy similar, incluso con una redacción idéntica en algunos párrafos", por lo que atribuyó su posición en contra al "oportunismo político".
Curiosamente, su postura coincide con la percepción del sector inmobiliario patrio, que asiste perplejo a la paradoja de que "técnicamente" todos están de acuerdo, "pero entran en el juego político y se olvidan de toda racionalidad". "Deciden por protagonismos en vez de solucionar las cosas", apuntan a este diario.
Lamentan que el tacticismo político se haya adueñado del debate sobre una norma que consideran una de las claves para abordar la escasez de vivienda en el mercado que presiona los precios al alza, tanto en el alquiler como en la compra. A grandes rasgos, la reforma persigue movilizar más suelo para construir casas, desatascar decenas de planes urbanísticos que están completamente paralizados en numerosos municipios de España y conseguir que, a futuro, sea más fácil desarrollar esos planes y desarrollar promociones. La reforma introduce un cambio de calado en la tramitación estos planes, que hasta ahora podían decaer en su totalidad por la anulación de una parte de él. La nueva propuesta pretendía acabar con esa situación, para lo cual distinguía entre la nulidad de pleno derecho del plan cuando hay defectos sustanciales y estructurales que lo justifican, y la nulidad parcial que podría producirse si el plan incluye un elemento formal que se puede recurrir. Es decir, de salir adelante el nuevo texto, el recurso parcial de un plan general de ordenación urbana no supondría la caída del plan al completo.
Pero éste y el resto de cambios tendrán que esperar. Con el rechazo de la Cámara Baja el contador vuelve a ponerse a cero.