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La Audiencia Provincial de Badajoz vuelve a avalar los pasos que está dando la magistrada Beatriz Biedma en la investigación del caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en relación a su posible "enchufe" en la Diputación provincial. En nuevo auto conocido este viernes, mantiene las imputaciones de tres altos cargos de la institución provincial, que tras confirmar la juez que seguían imputados, habían recurrido a la Audiencia con un recurso de reforma para intentar salir del caso en el periodo de instrucción, sin resultado positivo.
En concreto, se trata de Alejandro José Guijarro, jefe de Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humano y Régimen Interior; Félix González Márquez, jefe de Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, y Cristina Núñez Fernández, ex diputada delegada de Cultura y ex concejal del PSOE en Talavera.
Todos ellos están siendo investigados por la magistrada por los presuntos delitos contra la administración pública cometidos en el procedimiento de creación y adjudicación del puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios y su posterior modificación a jefe de la Oficina de Artes Escénicas que, presuntamente, fue otorgado 'a dedo' a David Sánchez Pérez-Castejón. La Audiencia considera que estos tres altos cargos de la Diputación de Badajoz "dieron cobertura de legalidad" a la satisfacción de las propias preferencias personales del hermano del presidente del Gobierno.
La defensa de estos tres imputados consideraba que la investigación de Biedma sobre ellos estaba siendo "prospectiva" al investigarse también el cambio de puesto del músico, cuestión que alegaban que no estaba en la denuncia inicial. La Audiencia de Badajoz niega que sea así: "La instrucción se encuentra en pleno apogeo, pues se han aportado múltiples diligencias de investigación y no entendemos factible una delimitación e individualización pormenorizada de imputaciones en este momento procesal, como se pretende".
En este sentido, la Audiencia subraya que, con carácter general, "solamente cuando de manera patente, clara, inobjetable o incontrovertible estemos en presencia de un hecho irrefutablemente producido y conformado por una conducta activa u omisiva totalmente esclarecida en sus aspectos objetivo y subjetivo, que para nada encaje jurídicamente en una figura penal determinada".
Además, el auto añade que la valoración del material instructor "no puede hacerse desde estándares que corresponden a los de la sentencia, entre otras razones porque dicho material no ha sido sometido al método contradictorio plenario, que es el único mecanismo que puede prestar dignidad probatoria a las fuentes de la prueba".
Al margen de estos tres imputados que han pertenecido o pertenecen a puestos de relevancia de la Diputación de Badajoz, hay otros que cargos que en calidad de testigos o de imputados declararán durante el mes de abril en la causa, al retomarse las declaraciones testificales, además el propio David Sánchez, que volverá al Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz el próximo día 25, como también el ex alto cargo de Moncloa y actual jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, Luis Mª Carrero Pérez, y el diputado del Área de Cultura de la Diputación y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas.