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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reiteró este jueves que la "dimensión" que ha alcanzado la investigación a su pareja, Alberto González Amador, por varios presuntos delitos fiscales la explica la "operación de Estado organizada por Moncloa al más alto nivel" con el objetivo de dañarla a ella políticamente.
"La dimensión que ha tomado no es por las cuantías, es porque soy yo", remarcó la dirigente madrileña, que en una entrevista en el programa Más de uno, en Onda Cero, dijo estar padeciendo "trece meses de infierno mediático" en lo relativo a una investigación que "en el 99% de los casos" se resuelve con una multa, y el 1% "pasa a la Fiscalía y va más allá" aunque se pague.
Se refería con este último porcentaje a la situación de González Amador, que deberá declarar el próximo 10 de abril como investigado por corrupción y administración desleal, dos delitos que se suman a los dos delitos fiscales y de falsedad documental por los que ya figuraba como imputado.
Al respecto, la presidenta regional incidió, como viene haciendo en los últimos meses, en que ella no tiene nada que ver con los negocios que se le investigan a González Amador, ya que no hay ninguna contratación con la Comunidad de Madrid y corresponden a fechas en las que ambos no se conocían todavía. "Por supuesto que hay que pagar impuestos. Que todos cumplan con sus obligaciones", reivindicó Ayuso, que dijo no "banalizar" el fraude fiscal.
No obstante, Ayuso reflexionó sobre las críticas que recibe tanto cuando se pronuncia como cuando guarda silencio respecto a este asunto, y reconoció que cometió un "error" con el estallido del caso al dar explicaciones. En todo caso, y a ojos de la presidenta madrileña, la oposición regional y la izquierda a nivel estatal y el Gobierno están utilizando esta investigación para erosionarla políticamente. "Necesitan hundirme a mí. ¿Y yo qué tengo que ver?", se preguntó Ayuso.
"¿Es normal que 22 ministros que nadie sabe cómo se llaman estén todos los días 24 horas con este argumentario?", denunció la presidenta regional, que puso el foco en que por el momento esta guerra política y judicial entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central se ha saldado con el primer fiscal general del Estado que resulta imputado, en relación a la investigación abierta por la filtración del correo en el que González Amador reconocía haber cometido dos delitos fiscales para alcanzar un pacto con Fiscalía.