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En el Congreso. En actos del PSOE. En actos del Gobierno. Las medidas de vivienda se apoderan del discurso del Ejecutivo. Las iniciativas se desgranan con el propósito de articular una política para paliar la "situación emergencia habitacional" en la que está España, como reconocen en La Moncloa. En ese propósito de hacer de la vivienda el "quinto pilar del Estado del bienestar", los anuncios sobre viviendas públicas o de alquiler asequible se suceden, la pugna con el PP por la aplicación de la Ley de Vivienda se aviva...
Pero la situación, sobre todo para los más jóvenes no mejora. En un momento en el que el PP lanza su propio plan, el Gobierno trata de contrarrestar con el anuncio de 12 nuevas medidas. Entre ellas, garantizar por ley que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública o intentar que los pisos turísticos pasen a tributar como una actividad económica incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística. [Lea todas las medidas propuestas al final del texto]
En un acto al que han acudido una decena ministros del PSOE, pero ninguno de Sumar, Pedro Sánchez vuelve a capitalizar la estrategia de trasladar que su gobierno hace frente al problema de la vivienda en España, pese a que la vivienda es el primer problema ya para los españoles según constata el CIS. Para ello lo hace censurando las medidas del PP, una formación a la que vincula con la "burbuja inmobiliaria" y, pese a que los datos no mejoran y la vivienda sigue siendo un auténtico problema para los jóvenes, quiere situar a su gabinete en la orilla de la solución y no del problema. "Como pueden ver con el Gobierno de coalición progresista, no empezó el problema de la vivienda".
Esta ofensiva, este nuevo paquete de 12 medidas que ha anunciado Sánchez, se producen en un momento político en el que el PP quiere hacer de este asunto bandera, tratar de erosionar al Gobierno a través de las 11 comunidades que preside, aprovechando que las competencias en esta materia son autonómicas. A esta vertiente política, importante, también se suma la realidad de la calle. Por ejemplo, los datos de la Encuesta Financiera de las Familias, correspondiente al año 2022, señala que el porcentaje de hogares con propietarios jóvenes ha caído 37 puntos desde 2011, pasando del 69,3% al 31,8%.
"Más de la mitad de las personas con hipoteca o que están en alquiler sufren lo que se llama el estrés financiero y el número de aquellos que se ven obligados a compartir casa en todo Occidente, particularmente en Europa, se ha disparado. Por tanto, el acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor problema de las clases medias y trabajadoras de Europa y de España. Y son un obstáculo para la emancipación de nuestros jóvenes", es parte de la fotografía que ha esbozado Sánchez, quien ha estructurado este nuevo paquete en tres vectores: más vivienda, mejor regulación, más ayudas.
Un resumen de la filosofía que se persigue podría ser: "que sobran son airbnb y faltan viviendas. Necesitamos una intervención pública". La apuesta es decidida y se van a destinar recursos públicos, tanto en material económica como en decisiones políticas. La Administración General del Estado ha transferido más de 3300 viviendas y casi 2.000.000 de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada empresa pública de vivienda, que Sánchez anunció en el congreso federal del PSOE. Precisamente, esta empresa pública tendrá prioridad en la compra de viviendas y suelos, con carácter supletorio respecto al derecho de las comunidades.
Y para evitar, como dice Sánchez que pasó bajo las administraciones del PP, que las viviendas protegidas pasen a manos de fondos buitres o entren en el mercado privado pasados unos años, Sánchez ha anunciado el compromiso de blindar la vivienda protegida del Estado, garantizando por ley que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública.
Y otro flanco que ha destacado Sánchez es la persecución para poner coto a los pisos turísticos. Así, la intención del Gobierno es proponer al Congreso que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística. Ocurre, claro está, que al tener que pasar por la Cámara Baja, para salir adelante sino hay un acuerdo con el PP necesitará el apoyo de todos sus socios de gobernabilidad, esto es, volver a poner de acuerdo a partidos de sensibilidades distintas en esta materia como PNV, Junts, ERC, Bildu, Podemos...
No es la única medida planteada que necesita del beneplácito del Congreso. También la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas.
"El objetivo con todas estas medidas es claro. Lo que queremos es proteger a la ciudadanía, encontrar un mejor equilibrio entre el turismo y la inversión, que son dos actividades clave para nuestra economía. Y también, lógicamente, el acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional de la gente y un objetivo legítimo de nuestro Gobierno cuando decimos que queremos convertirlo en el quinto Pilar del Estado del bienestar", ha concluido Sánchez.
Las medidas propuestas por el Gobierno
1. Transferencia de viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda. La AGE acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir viviendas sociales de alquiler asequible. También se incorporarán 13.000 viviendas de la SAREB de forma inmediata, y otras 17.000 más, progresivamente.
2. La nueva Empresa Pública de Vivienda tendrá prioridad en la compra de viviendas y suelos, con carácter supletorio respecto al derecho de las CCAA.
3. Se blinda la vivienda protegida del Estado, garantizando por ley que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública.
4. Lanzamiento de un PERTE para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España, para que podamos construir casas en menos tiempo y con menos costes. Se desarrollará en la provincia de Valencia para contribuir a la reconstrucción del tejido económico tras la DANA.
5. Creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible. Asegurará al propietario el cobro de la renta de alquiler y al inquilino una mayor oferta a precio asequible y equidad en el acceso. Estará en funcionamiento este año y se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años. Este sistema ya se ha implementado con éxito en Francia.
6. Creación de un nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible. Se otorgarán ayudas a aquellas personas que reformen un piso para ponerlo en alquiler asequible durante al menos 5 años.
7. Propondremos al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas.
8. También propondremos al Congreso que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística.
9. Condicionaremos las ventajas fiscales de las SOCIMIS a la promoción de vivienda en alquiler asequible.
10. Limitación a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. Se incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en nuestro país cuando compran una casa en España, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes.
11. Endurecimiento de la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada y creación de un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda.
12. Nuevo Plan de Estatal de Vivienda, para su entrada en vigor en 2026. Aumentará los programas de ayuda hoy vigentes y prestará una especial atención a las personas mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a aquellas que residen en zonas degradadas.