El Gobierno ha presentado una batería de medidas frente a la crisis de vivienda con las que pretende incentivar a los propietarios a poner sus casas en el mercado de alquiler tradicional y, de paso, sortear el bloqueo de las comunidades autónomas del PP que se niegan a aplicar la Ley de Vivienda en las zonas tensionadas. La medida estrella pasa por aprobar una exención fiscal del 100% del IRPF para los caseros que rebajen las rentas, pero esta medida tiene sus ángulos ciegos.
Para empezar, su creación depende de la aprobación del Congreso, donde la debilidad del Gobierno no garantiza que vaya a conseguir el respaldo necesario. Que se aplique o no y que tenga carácter retroactivo o no dependerá de ese trámite parlamentario. En esencia, lo que busca el Ejecutivo es replicar las bonificaciones que la Ley de Vivienda permite aplicar en las zonas tensionadas en cualquier ciudad del país, aunque sus ayuntamientos y regiones no hayan solicitado la declaración de zona tensionada. Esas bonificaciones van desde el 70% al 100%, según la rebaja que apliquen los propietarios.
Ahora bien, no todos los propietarios. La medida sólo aplicaría a los pequeños tenedores -que son los que tributan por IRPF- que reduzcan el precio de alquiler a sus inquilinos, tomando como referencia su anterior contrato. Esa rebaja no está relacionada con el Índice de Precios de Referencia aprobado por el Gobierno para las zonas tensionadas, tal y como aclaran fuentes del Ejecutivo, a pesar de que la versión inicial así lo indicaba. Sólo los grandes propietarios se rigen por dicho índice y en su caso no se aplican bonificaciones.
¿Qué pasa con las socimis?
En el caso de estas sociedades de inversión, el Gobierno plantea condicionar las ventajas fiscales a la promoción de vivienda en alquiler asequible. Es decir, toda aquella socimi dedicada al residencial que no promueva la vivienda en alquiler asequible no podrá beneficiarse del régimen tributario ventajoso que ampara a este tipo de vehículos. Moncloa también deberá conseguir los apoyos parlamentarios para aprobar este cambio. El resto de socimis que se enfocan en otro tipo de activos como las oficinas, los centros comerciales, la logística o los centros de datos no sufrirán variaciones en su sistema de tributación.
¿Cuánto subirá el IVA de los pisos turísticos?
Es otra gran incógnita y, de nuevo, el Ejecutivo tendrá que granjearse el apoyo en el Congreso para sacar adelante esta medida. Los pisos turísticos son uno de los objetivos del plan de Moncloa para intentar frenar la escalada de los precios del alquiler y para ello, el Gobierno plantea considerarlos un negocio y, por tanto, que tributen como actividad económica. Eso supone aplicarles un IVA en zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística, pero está por ver de cuánto. Europa estudia una directiva comunitaria y sus conclusiones servirán de referencia para el Ejecutivo español.
Limitar compras a extranjeros
La compraventa de vivienda por parte de extranjeros se ha disparado en los años posteriores a la pandemia. El Gobierno atribuye también a este factor el encarecimiento de la vivienda en determinadas zonas del país, por eso plantea limitar la adquisición de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. ¿Cómo? Está por ver. También necesita el respaldo parlamentario y, a partir de ahí, se plantean fórmulas como incrementar el ITP para los compradores no europeos que no residan en nuestro país cuando compran una casa en España o crear un impuesto especial para gravar este tipo de operaciones.
Garantías
El planteamiento de Moncloa también incluye la creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible. "Asegurará al propietario el cobro de la renta de alquiler y al inquilino una mayor oferta a precio asequible y equidad en el acceso. Estará en funcionamiento este año y se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años", destaca el Gobierno.
Blindar la VPO
Esta medida no es nueva. El Gobierno ya lo había anunciado con anterioridad y ahora retoma en su propuesta la idea de blindar la vivienda protegida del Estado, garantizando por ley que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública. Este punto ya estaba incluido en la Ley de Vivienda, pero el Tribunal Constitucional tumbó este punto de la norma tras el recurso presentado por Andalucía y la Comunidad de Madrid. Ahora, la opción de Moncloa pasa por condicionar las ayudas públicas que concede a las CCAA para construir vivienda a que mantengan el carácter protegido de forma permanente e indefinida. Se cumple así la amenaza que lanzó la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, a las autonomías insumisas con la Ley de Vivienda.