Los frentes abiertos entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central se multiplican en cuestión de días. A la batalla en materia de Defensa, Universidades, fiscalidad o Transporte se suma ahora una importante diferencia relacionada con la Administración de Justicia. Tanto que el equipo de Isabel Díaz Ayuso llega a la conferencia sectorial de este viernes con una contundente lista de exigencias para el ministro del ramo, Félix Bolaños, al que acusan de convocar a las autonomías únicamente para cumplir con el expediente, sin profundizar en la agenda de reclamaciones de los territorios ni estar dispuesto a establecer un diálogo sobre sus principales preocupaciones.
De hecho la cumbre entre consejeros, que se celebrará en Barcelona, estará marcada por la inminente aplicación de la ley de eficiencia procesal y, para «sorpresa» de la Comunidad de Madrid, sólo se abordará esta cuestión de manera informativa para que las regiones conozcan su estado de implantación.
Un tratamiento insuficiente para un asunto con una «repercusión e impacto inmenso» para los ejecutivos regionales, como traslada el consejero de Presidencia y Justicia madrileño, Miguel Ángel García Martín, al ministro Bolaños en una misiva en la que reclama que se incluya en el orden del día un punto sobre «financiación» para las autonomías con competencias en Justicia por la «implantación» de esta normativa, destinada a la mejora del funcionamiento de los servicios de Justicia.
García Martín solicita a Bolaños establecer diálogo sobre esta materia, dado el «coste económico enorme» que tendrá para las comunidades con competencias en Justicia la aplicación de esta ley. Madrid, en concreto, calcula que la aplicación de la ley costará 40 millones. Pero la escasa profundidad vista en el orden del día hace temer a las regiones populares que la cita apenas sirva para trasladar su malestar, sin lograr ningún avance provechoso. «Nos convocan para hacerse la foto», lamentan voces del Gobierno madrileño.
La petición, de hecho, ha derivado en un cruce de misivas que alejan cualquier entendimiento. El ministro respondió ayer al consejero en un escrito en el que denegaba la solicitud, y García Martín replicó ante la negativa, en otra carta, que el Gobierno de esta manera está incumpliendo el reglamento que regula la conferencia sectorial. Es más, que en la anterior cumbre, celebrada en Córdoba en noviembre, el Ministerio se comprometió a que la siguiente conferencia fuera «prácticamente monográfica» sobre la ley de eficiencia, y que si alguna región proponía otro asunto, «por supuesto se incluiría en el orden del día», tal y como quedó sellado en el acta de aquella sesión.
Pero la lista de reclamaciones por parte de la Comunidad es mucho más extensa y va más allá de esta normativa, sobre la que también pide concreción y diálogo en aspectos como los nuevos modelos de referencia o más medios para la mediación. Por otro lado, García Martín exige en su carta a Bolaños que recupere una de las principales peticiones de las regiones en la anterior convocatoria: la regulación del marco común del teletrabajo por Real Decreto. A pesar de que la Abogacía del Estado concluyó que el marco común podría regularse por ley o mediante acuerdo en la conferencia. «Sin embargo, este punto tampoco se ha incluido», lamenta el consejero en su escrito a Bolaños.