Si el próximo 2 de abril, Estados Unidosdisfrutara de lo que el presidente Donald Trump llama el día de la liberación al aplicar aranceles recíprocos a todos sus socios comerciales, este jueves, siempre en la terminología trumpista, habrá sido el día de la liberación educativa, con la firma de una orden ejecutiva para cerrar el Ministerio o Departamento de Educación. Una promesa de campaña, una obsesión personal de Trump estos meses, un objetivo largamente buscando por el ala más conservadora del movimiento conservador y republicano, que con el argumento de devolver competencias a los estados busca eliminar cualquier supervisión, control y estándar federal, dando libertad a los gobiernos regionales para aplicar las políticas que deseen.
Con su firma de esta noche (tarde en Washington), en un acto junto a fieles, simpatizantes y cargos estatales de su partido, Trump da instrucciones a su secretaria de Educación, Linda McMahon, para que tome "todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados", con la "prestación ininterrumpida de los servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses". Las comillas, las cursivas, los detalles son importantes en este tema. Porque, en realidad, el departamento federal no desaparecerá, sino que quedará reducido a una mínima expresión para la gestión de fondos, incluso teniendo en cuenta que el 90% del total ya está en manos estatales. Rodeado de alumnos sentados en unos pupitres colocados en la Sala Este de la Casa Blanca, y elogiando a los profesores como uno de los tesoros de América, Trump firmó la orden ejecutiva que, según indicó, da inicio al desmantelamiento del departamento "de una vez por todas (...) Vamos a cerrarlo, y lo haremos lo más rápido posible", prometió diciéndole a su subordinada McMahon: "Con suerte no estarás mucho en el cargo, pero te buscaremos otra cosa que hacer"
¿Por qué? Porque el proceso es mucho más complicado de lo que la Casa Blanca querría. El de Educación es un departamento que se convirtió en parte del Ejecutivo en 1979 a instancias del Congreso, y para su eliminación completa sería o será necesaria la acción de las cámaras legislativas, en las que el Partido Republicano tiene mayoría. Además, la decisión va a ser inmediatamente recurrida ante los tribunales, como cada cierre de instituciones y agencias de las últimas semanas y cada despido masivo.
Trump ya ha echado al grueso de la plantilla, a pesar de que el Ministerio supervisa la transferencia de miles de millones de dólares en financiación de programas. Hace unos días, más de 1.300 empleados recibieron la notificación de su despido. Si se suman a las bajas voluntarias incentivadas, la plantilla ha pasado de 4.133 a 2.183 trabajadores desde el 20 de enero. Lo que provocará pleitos. La semana pasada, sin ir más lejos, un juez de distrito de Maryland paralizó el cierre de la Agencia para la cooperación al Desarrollo (USAID), después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, y los lugartenientes de Elon Musk en DOGE, el ente creado para estas funciones, se deshicieran de casi todos los funcionarios y sus programas.
El Ejecutivo ha usado estos días argumentos de índole económica o de eficiencia, asegurando que "a pesar de un aumento del 245% en el gasto por alumno desde la década de 1970, las puntuaciones en matemáticas y lectura han caído a mínimos históricos" o que "el Departamento de Educación se fundó en la década de 1970 y, desde entonces, hemos gastado más de tres billones de dólares en esta burocracia federal. ¿Cuál ha sido el retorno de esa inversión para el contribuyente estadounidense? Niveles que están por debajo de lo ideal, por debajo de lo competente. Los resultados de las pruebas de nuestros niños son increíblemente preocupantes en lo que respecta a las tasas de lectura, alfabetización, matemáticas y ciencias. Las cifras lo demuestran, y el presidente finalmente está tomando medidas muy necesarias para que la educación vuelva donde debe estar, es decir, a los educadores más cercanos a los estudiantes en sus aulas en sus respectivos estados".
Pero a nadie se le escapa el trasfondo, a pesar de que el Gobierno federal no tiene competencias en el diseño del currículo escolar. Los republicanos han hablado de cerrar Educación o soñado con ellos desde los años 80 pero, como denuncian los sindicatos, la idea se convirtió en una prioridad absoluta desde la pandemia, cuando en el mundo conservador y religioso cristalizó un movimiento por los derechos de los padres contra los cierres de colegios, la educación online, los protocolos sobre alumnos LGTBI e incluso las vacunas.
Lo que más festejan los republicanos hoy no es el nivel educativo, o el ahorro, sino lo que pone la orden de Trump: "Los programas o actividades que reciban los fondos remanentes no promoverán iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) ni la ideología de género", dice el argumentario de la Casa Blanca. "En los años de Biden, el Departamento de Educación gastó más de 1.000 millones de dólares en subvenciones destinadas a imponer ideologías radicales en las escuelas", y eso es lo que quieren combatir dando el mando a los gobernadores y legislaturas estatales, controladas en su mayoría por republicanos.
"La educación será mucho más pequeña que hoy. Los préstamos estudiantiles y las becas seguirán siendo administrados por el Departamento de Educación. Pero no necesitamos gastar más de tres billones en el transcurso de unas pocas décadas en un departamento que claramente está fracasando en su intención inicial de educar a nuestros estudiantes", explica la Casa Blanca. La financiación federal para estudiantes con discapacidades o para las escuelas de bajos ingresos permanecerán sin cambios, según la orden, mientras McMahon trabaja en un plan para "acercar estos fondos a los estados, localidades y, lo que es más importante, a los estudiantes".
El Departamento de Educación administra diversos programas federales de subvenciones. El llamado Título I, con algo más de 18.000 millones, que proporciona fondos a escuelas primarias y secundarias con alta pobreza. El programa IDEA, de 15.500 millones, que ayuda a cubrir el costo de la educación de estudiantes con discapacidades. Los préstamos estudiantiles son sin duda la gran partida, cerca de 1,6 billones de dólares.
Todo forma parte de una campaña mucho más amplia en la que la ideología juega el papel principal. Así, por ejemplo, la Administración ha congelado hasta 400 millones de dólares en fondos, programas y subvenciones a la universidad de Columbia, en Nueva York, "debido a su pasividad ante el persistente acoso a estudiantes judíos". O 175 millones a la universidad de Pensilvania debido a la participación de una atleta transgénero en su programa de natación. El fiscal federal de Washington D. C. envió por su parte una carta al decano de Derecho de la universidad de Georgetown, que pertenece a los jesuitas, amenazándole con que el Gobierno no contrataría a ninguno de sus licenciados si no dejaban de enseñar en sus asignaturas cuestiones de igualdad o diversidad.
El propio Departamento de Educación ha iniciado investigaciones en 52 universidades en 41 estados, acusando a las escuelas de utilizar "preferencias y estereotipos raciales en sus programas y actividades educativas", al considerar que sus programas de posgrado violan la Ley de Derechos Civiles de 1964 al estar asociados con The PhD Project, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a estudiantes de grupos subrepresentados a obtener doctorados en programas de negocios. Por no hablar de las detenciones irregulares de algunos estudiantes por participar o liderar protestas, acusándolos de vínculos terroristas.
Las amenazas llegan poco después del envío de una carta en la que advertía a las instituciones que dejaran de utilizar "preferencias basadas en la raza" en las admisiones, la asistencia económica, la contratación, la formación y otras áreas, o se arriesgarían a perder la financiación federal. La directiva acusaba específicamente a las instituciones educativas estadounidenses de discriminar a estudiantes blancos y asiáticos.
Durante sus audiencias para la confirmación de su nombramiento, McMahon coincidió con los críticos demócratas en que solo el Congreso puede cerrar Educación, pero ella, siguiendo las promesas de campaña de Trump, indicó que se podrían transferir algunas funciones a otras agencias gubernamentales, lo que es controvertido, ya que según la opinión jurídica de algunos expertos eso también requeriría la aprobación de las cámaras.
Cerrar la agencia o transferir las operaciones que le corresponden por ley requeriría 60 votos a favor en el Senado, algo impensable, ya que los republicanos sólo controlan 53 escaños. En la edad contemporánea, ningún presidente moderno ha intentado nunca cerrar unilateralmente un departamento federal. Han desaparecido agencias, pero siempre con el apoyo del Congreso y mediante legislación.