El malestar social por la crisis habitacional va en aumento y se ha colado de lleno en la agenda política de los principales partidos. El Partido Popular ha acelerado el despliegue de propuestas para atajar la escalada de precios y aumentar la oferta de vivienda disponible a la espera de que las medidas del Gobierno comiencen a materializarse.
PSOE y PP coinciden en la necesidad de abordar el problema, que se agudiza de forma acelerada, pero eso y la necesidad de sacar adelante la reforma de la Ley del Suelo -cada uno la suya- es casi lo único que tienen en común ambas formaciones a la hora de plantear soluciones. Sus fórmulas ante la crisis de vivienda son casi antagónicas, de manera que mientras los socialistas ponen el foco en las ayudas al alquiler, los populares plantean más ayudas para la compra; mientras los primeros plantean más regulación e intervención en el mercado, los segundos apuestan por la liberalización y la desregulación como forma de agilizar los procesos, o mientras que en el PSOE plantan batalla contra los pisos turísticos, en el PP sitúan en el foco la okupación y la inquiokupación. Poner más oferta residencial y a poder ser, asequible, es el objetivo de ambos, la cuestión es cómo.
El Ejecutivo se comprometió en mayo de 2023 a introducir 184.000 viviendas en el parque público y elevar el porcentaje de vivienda pública asequible desde el 2,5% actual hasta el 9% que hay de media en Europa. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó hace un mes una batería de 12 nuevas medidas entre las que incluyó impulsar una Empresa Pública de Vivienda,integrando en ella la labor de Sepes y Sareb; lanzar un PERTE de vivienda en Valencia con foco en la construcción industrializada o limitar la compra de viviendas a extranjeros extracomunitarios no residentes. Poco más se sabe desde entonces. Ni Moncloa ni el Ministerio de Vivienda han dado más detalles sobre cómo avanzan los trabajos para hacer realidad estas promesas.
El PP, por su parte, comenzó el año con un giro estratégico, situando la vivienda en el centro de su acción política. En la bautizada como Declaración de Asturias incluyó buena parte de sus propuestas, que pasan por construir casas de alquiler a precios tasados, ofrecer asistencia jurídica a propietarios que pongan sus viviendas vacías a disposición de programas públicos de alquiler o derogar la Ley de Vivienda. Contempla igualmente abrir un periodo de excepción de 48 meses para agilizar la construcción y movilizar suelo público para vivienda.
En los últimos días, además, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que pretende extender los avales para el acceso a una hipoteca a los 40 años en todas las comunidades gobernadas por el PP, ha lanzado una 'ventanilla única' para agilizar la tramitación de informes sectoriales para la construcción de nuevos desarrollos, y ha presentado una de sus medidas estrella, la Hucha Hogar Joven, para facilitar a los jóvenes el acceso al mercado inmobiliario. Se trata de una deducción del 20% en el IRPF a las aportaciones que hagan los menores de 40 años a esta especie de cuenta de ahorro para destinarlo a la compra de un piso. "La hucha hogar funcionará como un sistema de ahorro para los jóvenes hasta cumplir los 40 años. Podrán aportar 2.000 euros cada año hasta un máximo de aportación de 40.000 y a esos 40.000 le activaremos una deducción del 20% en el impuesto de la renta. Y, por tanto, con esos 40.000 euros de ahorro se ahorrarán otros 8.000 euros en impuestos", explicó Feijóo.
Y es que los impuestos son el principal punto de divergencia entre socialistas y populares. El Gobierno propone una exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, independientemente de si están o no en zonas declaradas tensionadas, y plantea una modificación fiscal para los pisos turísticos -que serán gravados como actividad comercial (hoteles) y no como inmuebles- y para las socimis residenciales -que no tendrán beneficios fiscales si no se dedican a vivienda de alquiler asequible-.
Por su parte, desde el PP apuestan por bajar los impuestos a la vivienda en todas las fases, de la construcción a la compraventa. En esta línea, las CCAA populares rebajarán del 10 al 4% el impuesto de transmisiones a los jóvenes que adquieran una vivienda de segunda mano. También plantean incentivos fiscales a jóvenes, personas con discapacidad o familias monoparentales, entre otros, que podrían deducirse el IRPF por "inversión" en primera vivienda habitual, si viven de alquiler, ponen su vivienda para alquilar o la rehabilitan para determinados fines. Además, ha planteado rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a los jóvenes hasta el 4% en todas sus regiones y se ha comprometido con sus alcaldes a promover la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para vivienda habitual o en alquileres específicamente dirigidos a jóvenes.
Respecto a la ocupación, el PP pretende que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, desbloquee su Ley Antiokupación, que ya fue aprobada en el Pleno del Senado hace unos meses. La norma permite el desalojo en 24 horas e impide que los okupas se puedan empadronar en la vivienda okupada, entre otras medidas.