Aprobar los informes en plazo y agilizar la tramitación burocrática necesaria para la construcción de vivienda. El Partido Popular se dispone a abordar uno de los principales escollos del sector inmobiliario planteando que sea la Administración General del Estado la encargada de centralizar la gestión de los informes necesarios para poner en marcha los desarrollos urbanísticos pertinentes.
En concreto, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo quiere que sean las Delegaciones del Gobierno o, en su caso, las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias correspondientes las que se encarguen de los informes sectoriales preceptivos de competencia estatal en la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Además, deberán hacerlo en un tiempo máximo de tres meses, con el objetivo de reducir a la tercera parte los plazos de emisión de este tipo de documentos que son clave para desarrollar vivienda, especialmente en un momento como el actual, donde la crisis de acceso al alquiler o la propiedad crece en el país.
La propuesta está incluida en la Ley de Medidas de Suelo y Vivienda que los populares han llevado al Senado para modificar hasta seis textos normativos del ámbito residencial e inmobiliario, entre ellos, la Ley de Vivienda en vigor, la Ley del Suelo o la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Una ley "amplia y ambiciosa", según define Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular y mujer a la que Núñez Feijóo ha encomendado la política de vivienda de la formación. "Es la ley que necesita España para revertir la situación de los jóvenes y la actual crisis de vivienda. Vamos a hacer todo lo posible para que la norma concite el apoyo de todos los grupos parlamentarios", asegura Martín.
Hasta ahora, los informes sectoriales de carácter estatal son abordados de manera individual por las administraciones que resultan afectadas por los desarrollos, por ejemplo, las confederaciones hidrográficas, y esto a menudo desemboca en periodos de trámite de hasta un año de duración, con el coste que eso conlleva para los proyectos.
Lo que pretende el PP es reducir ese periodo a un máximo de tres meses, creando una especie de ventanilla única que recaería sobre las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno para agilizar el proceso. En caso de que los análisis se prolongaran más allá de ese tiempo, el PP plantea la introducción del silencio positivo. Es decir, las obras de edificación de nueva construcción y las intervenciones previstas sobre edificios existentes deben resolverse en tres meses y, si no, se entenderán concedidas por silencio administrativo positivo. De forma excepcional, se mantendrá el silencio negativo para las obras sobre edificios catalogados o con protección de carácter ambiental o histórico-artístico y para las actuaciones que se proyecten sobre la situación básica de rural.
El texto pretende elevar a nivel estatal la iniciativa que ya se está desarrollando en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Galicia. En su caso, las regiones centralizarán la gestión de los informes sectoriales preceptivos de competencia autonómica e, igualmente, deberán emitirse en el plazo máximo de 3 meses. Para ello designarán el órgano correspondiente, pudiendo estar definido en el seno de una consejería o a nivel provincial, en atención al ámbito territorial del instrumento en tramitación. El resto de regiones con gobiernos populares implantarán esta iniciativa de manera inminente, cumpliendo así con el compromiso adquirido en la llamada Declaración de Asturias.