Lejos de tranquilizar al millón y medio de funcionarios de Muface, el Gobierno no hace más que alimentar las dudas sobre el futuro de la mutualidad. Cuando quedan apenas dos semanas para que acabe el año y empiece la cuenta atrás para el eventual fin del sistema, sale a la luz un conflictivo documento en el que el Ejecutivo defiende el trasvase de los beneficiarios a la sanidad pública, tal y como reclamó el Ministerio de Sanidad en un polémico informe publicado hace ahora un mes en el que justificó el desmantelamiento del modelo.
El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicaba ayer una respuesta parlamentaria en la que el Gobierno deja por escrito que «el Ministerio de Sanidad trabaja con la posibilidad de que la totalidad de los funcionarios mutualistas pasen a ser atendidos en la sanidad pública». Y recuerda que, en el informe publicado el pasado 18 de noviembre, el departamento que dirige Mónica García concluye que «el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable».
Recogiendo algunos de los cálculos de aquel controvertido informe que evidenció el choque entre los socios de la coalición en este tema, el Ejecutivo justifica que la sanidad pública estaría capacitada para atender al millón y medio de funcionarios de Muface porque sólo supondría un incremento de poco más del 2% en el número de pacientes. «El eventual trasvase de pacientes mutualistas desde la sanidad privada supondría apenas el 2,12% de los que atienden ahora las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) a través de sus servicios de salud», afirma el texto consultado por EL MUNDO.
La clave de este documento, que firma el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, en respuesta a una pregunta escrita registrada por el Grupo Popular en el Congreso -y, por tanto, no se atribuye a ningún ministerio concreto- está precisamente en el timing. El sello de la Secretaría Central del Registro General del Congreso está fechado a 28 de noviembre. Exactamente un mes antes, Sanidad había irrumpido en el debate con su apuesta por acabar con Muface. Y sólo dos días después el Ministerio de Función Pública se desmarcaba de esa iniciativa con la publicación de una consulta preliminar de mercado como paso previo al lanzamiento de una nueva licitación mejorada para intentar convencer a las compañías aseguradoras de que renueven el contrato y sigan prestando sus servicios a los funcionarios.
De hecho, ese siempre ha sido el Plan A del Gobierno, tal y como han venido trasladando tanto desde Moncloa como en el departamento que pilota Óscar López. Por eso llama especialmente la atención la mención al trasvase del funcionariado a la sanidad pública que hace el Ejecutivo en esta respuesta parlamentaria que se hace pública, precisamente, cuando el Consejo de Ministros se dispone a dar luz verde a los nuevos pliegos y mientras miembros del Gobierno siguen lanzando un «mensaje de tranquilidad» a los funcionarios en intervenciones públicas.
Ayer mismo, la propia ministra de Sanidad trasladó ese mensaje de tranquilidad a los mutualistas, pero lo hizo apuntando que la sanidad pública está «perfectamente» preparada para asumir su asistencia y es además «el mejor lugar» donde pueden ser tratados.
Mónica García recordó (como, por otro lado, también indica el Gobierno en el encabezado de su respuesta parlamentaria) que Muface es competencia del Ministerio de Función Pública, pero aún así insistió en la conveniencia del trasvase de funcionarios a la pública.
Según la ministra, todo este asunto se ha generado porque a las aseguradoras «no les dan los números». «No nos engañemos, ellas son las que tienen que firmar ese convenio, y hasta ahora no lo han firmado porque los mutualistas no les salen rentables», enfatizó.