La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana lleva semanas recogiendo los testimonios, desgarradores, de los familiares de las víctimas de la riada a los que se van sumando voces que no son directamente de afectados, sino no expertos que defienden que se pudo proteger a la población y evitar que el agua se cobrara 227 vidas.
Es el caso de Alberto Martínez Escribano. Su testimonio lo prestó como perito a instancia de una de las víctimas de Paiporta personadas en la causa y tiene más valor por su condición de geólogo con un máster en planificación y gestión de riesgos naturales. No lo dudó: se pudieron evitar esas muertes. Hubo tiempo para desalojar y recomendar subir a los pisos altos, pero la alerta fue "tardía y confusa". "Los protocolos están. No es que no exista una ley de emergencias que no funcione ni protección civil, está todo planificado. Solo había que seguir la propia normativa de la Generalitat en emergencia", ha explicado a las puertas de la Ciudad de la Justicia.
En su opinión, hay sistemas de previsión y de avisos para haber alertado antes e información "a disposición de todo el mundo" para saber "que el agua que estaba cayendo en Utiel y Chiva iba a bajar". En su declaración ante la juez ha nombrado los avisos de Aemet, tanto los días previos como esa misma mañana cuando la alerta cambió de naranja a roja, los datos de registros pluviométricos de Avamet, la Asociación Valenciana de Meteorologia, y las imágenes de À Punt por la tarde, además de la información del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
De hecho, la compartió con sus amigos de la universidad y, cuando vio que el SAIH en el barranco del Poyo pasaba de un umbral alto y ya había arrasado Chiva, antes de las siete de la tarde llamó a un amigo de Paiporta para alertarle del peligro. Ni él ni sus padres estaban en ese momento, pero luego supo que un familiar había fallecido por la riada.
Este geólogo además es profesor en un instituto de Aldaia, también afectada por el desbordamiento del barranco de L'Horteta, el nombre que toma el Poyo en ese tramo, y desde primera hora de la mañana alertó a la dirección de que estaban en riesgo. "Con aviso rojo, aviso peligro extremo para la población, para la vida de la gente, pues todos en casa", aseguró.
Por eso defendió ante la juez como "obvio" que se "podría haber avisado antes a la gente". "Lo que indigna es que quien tenía que hacerlo, no lo haga", sentenció.
Este testimonio es uno de los varios que recogerá la jueza hasta el próximo día 11, clave para la investigación, porque tendrán que comparecer la ex consellera de Interior, Salomé Pradas, y el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.