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La Generalitat de Cataluña activa un plan de choque para combatir los efectos de los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los productos importados por su país.
El Govern presidido por Salvador Illa prevé movilizar hasta 1.500 millones de euros en créditos y ayudas económicas para proteger a las empresas y facilitar que puedan buscar nuevos mercados para la exportación.
El Ejecutivo del PSC se reúne hoy con partidos políticos y agentes sociales para consensuar su hoja de ruta contra el impacto negativo en la economía catalana de la guerra comercial impulsada por Trump.
Illa ha presentado su plan esta mañana en la reunión extraordinaria del Consejo del Diálogo Social de Cataluña, integrado por la Generalitat, las patronales Foment del Treball y Pimec y los sindicatos CCOO y UGT.
Posteriormente, el president ha recibido al Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña. En ambos casos, la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, han acompañado a Illa y por la tarde se entrevistarán con representantes de los partidos políticos para detallarles la respuesta del Govern.
Préstamos y ayudas
Del paquete total de ayudas, 900 millones de euros corresponderían a avales, créditos circulantes, créditos de inversión y bonificación del tipo de interés hasta el 1,5% para las empresas que exportan a Estados Unidos, que la Generalitat cifra en 3.161 y cuyas ventas en ese mercado llegaron a 4.351 millones en 2024. En porcentaje, suponen un 4,3% de las exportaciones y un 17,2% de les compañías catalanas que venden en el exterior. En concreto, los sectores que se considera que serán los más afectados por los aranceles son los dedicados a la producción química, farmacéutica, agroalimentaria o metalúrgica. Esta partida saldría del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), la entidad financiera pública de la región.
El Ejecutivo socialista también ha planeado destinar 300 millones de euros para ayudas directas desde los Presupuestos ordinarios autonómicos, prorrogados nuevamente este año ante la falta de apoyos en el Parlament y que tendrán que ser reorganizados con nuevas partidas.
Por otra parte, 150 millones irán destinados a fondos de inversión y capitalización también a través del ICF y de Avançsa, el holding público empresarial de la Administración autonómica.
La cuarta pata de la batería de medidas económicas son los 130 millones de euros dedicados a implementar un servicio de asesoramiento para impulsar la internacionalización y la diversificación de los mercados de las empresas catalanas.
Por último, el Govern de Illa invertirá 20 millones en campañas de comunicación para potenciar los productos catalanes en el exterior.
En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, tras reunirse con los agentes sociales y económicos, Illa ha llamado a actuar conjuntamente ante el nuevo escenario: "Es tiempo de alianzas y de actuar coordinados para ser más fuertes y eficaces. Quien quiera actuar en solitario creo que va por mal camino".
"Todo lo que no hagamos hoy lo pagaremos mañana", ha advertido el presidente catalán, que ha recordado que justo hace una semana anunció el impulso del programa Catalonia Talent Bridge, destinado a la "acogida" de científicos que trabajan en Estados Unidos y "están viendo amenazadas sus investigaciones y su libertad académica por las políticas de Trump y su negacionismo".
Illa ha calificado las medidas arancelarias del presidente norteamericano como "injustas e injustificadas", además de "insolidarias y basadas en falsedades".
"Ninguna circunstancia del contexto global ni ninguna actuación de las relaciones internacionales entre Estados Unidos y la Unión Europea justifican la actuación de la Administración Trump", ha añadido sobre la imposición de unos aranceles que en el caso de los productos procedentes de la UE serán del 20%.
Tras la reunión con el Govern, los sindicatos han reclamado que también se activen mecanismos de protección del empleo y que los consumidores catalanes no acaben pagando posibles incrementos de precios derivados de los nuevos aranceles.