«Tenemos varias medidas listas a la espera de que haya Gobierno», aseguraban fuentes de la DGT a este diario a la vuelta de un verano que registró el dato histórico más bajo de fallecidos desde que hay estadísticas: 215 muertos.
Entre esas medidas destacan la reducción a 30 km/h en las calles de un solo sentido en las ciudades; la regulación del uso de los patinetes eléctricos tan en boga y una reformulación del permiso por puntos que mejore los cursos de recuperación, premie a los buenos conductores y endurezca el castigo a quienes no lleven casco o cinturón o se distraigan por usar el móvil, especialmente para chatear: un reciente estudio de Fundación Línea Directa aseguraba que en España existen 600.000 automovilistas adictos al smartphone.
Visto los plazos, las propuestas tendrán que seguir en el cajón, de modo que Tráfico solo ha contado con dos grandes cambios normativos en 2019. Uno, la reforma de las penas para quienes causen un accidente con muertos por ir bebidos, drogados o a una velocidad excesiva: hasta nueve años de prisión, por los cuatro de ahora. El otro fue el que tanto Pere Navarro, en su primer etapa, como María Seguí después, ya estuvieron a punto de sacar adelante. Se trata de la reducción de la velocidad máxima en carretera de 100 a 90 km/h.
No pasar la ITV, un riesgo para todos
Algo falla cuando cerca del 20% de los vehículos se saltan cada año este examen obligatorio. Sobre todo, porque los que lo hacen son los más contaminantes e inseguros, como los turismos implicados en accidentes mortales y que, según la DGT, tienen una antiguedad media que supera los 13 años. Desde la patronal que agrupa a las ITV, piden que se dificulte o impida que un coche que no esté al corriente del examen, puede asegurarse. En el sentido contrario, esa limitación sí opera. Además, Tráfico conoce casi en tiempo real los vehículos que acuden a su cita.
Entró en vigor a finales de enero y afecta a 11.000 kilómetros (apenas un 7% de la red secundaria) pero, en opinión del director de Tráfico, ha sido clave en la fuerte reducción de la siniestralidad. Con datos provisionales, referidos a carretera y a siniestros monitorizados 24 horas, hasta el pasado 1 de diciembre había 1005 fallecidos, lo que supone un descenso del 8% que no se conocía desde hace años en España. Además, sólo en dos meses -marzo y octubre- de los 11 transcurridos hubo un repunte de la siniestralidad, por lo que podemos estar asistiendo a un cambio de tendencia que nos aleje de unos últimos años con cifras estables o ligeramente al alza.
De hecho, 2019 puede terminar como el año con menos muertos en accidente en carretera, bajando de los 1.131 de 2015. Aunque Tráfico rápidamente pidió que se "reflexione" tras superar los mil fallecidos y, de hecho, seguirá teniendo varios frentes abiertos.
Por ejemplo, la última memoria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses revelaba que el 43% de los conductores fallecidos durante 2018 y sometidos a autopsia, habían consumido alcohol, drogas de abuso y/o psicofármacos. Aunque la persecución de estos comportamientos no da los mismos frutos. Si el año pasado se impusieron 56.000 condenas penales por alcoholemia en España, por drogas sólo fueron 251 (el 0,5% del total). Ocurre que el primer supuesto es fácil de probar ya que hay unas tasas objetivas- mientras que es complicado determinar hasta qué punto la presencia de drogas -que es lo que se detecta- afecta a la conducción. Por esta razón, desde el verano y a instancias de la Fiscalía de Seguridad Vial, los agentes pueden realizar un examen físico a los conductores que den positivo y grabarlo en vídeo de cara a poder usarlo en un juicio.
En segundo lugar, el colectivo de usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas) no deja de incrementar su peso en el total de la siniestralidad. En 2018 y con datos definitivos -que incluyen entorno urbano y seguimiento a 30 días- representaron ya el 48% del total.
Drones, las nuevas 'estrellas' de la DGT
Desde el verano, tres de estos aparatos son capaces de controlar el tráfico y grabar de cara a posibles sanciones, aunque no están homologados (ni probablemente lo estén nunca) para multar por velocidad. La flota incluye otros ocho drones que solo vigilan y ayudan a gestionar el tráfico, con la idea de añadir otros 20 más. También el parque de radares se amplió en 2019: 20 dispositivos fijos extras en el periodo estival y casi otros 60 que se pensaba instalar antes de acabar el año. Y para terminar, la ocurrencia más sibilina: furgonetas y camiones camuflados, ocupados por agentes de la Guardia Civil a la búsqueda de infractores.
Los cambios en la movilidad, el envejecimiento de la población -los mayores de 65 años fueron el 27% de los fallecidos en 2018- y su concentración en las grandes ciudades no harán sino acentuar esa tendencia. Aunque ahora mismo el protagonismo en negativo le corresponde a los usuarios de motos, con 62 muertos sólo en julio y agosto. «En la mitad de los accidentes la culpa es del otro vehículo, por lo que no podemos criminalizarlos», aseguran desde Interior, donde ultiman el diseño de cursos de conducción segura para motoristas mientras la Guardia Civil ensaya con airbags que reduzcan las lesiones.
El fenómeno de los motoristas evidencia que queda mucho camino por recorrer en cuanto a Educación Vial y por eso, la DGT quiere imponer un mínimo de ocho clases presenciales para los aspirantes al carné teórico. Defiende que se trata de sensibilizar, pero Competencia ha rechazado que esas clases sólo las puedan dar las autoescuelas físicas y no también las online.
La pelea seguirá los siguientes meses, plazo en el que el organismo se ha comprometido a liquidar los 300.000 exámenes pendientes del práctico que arrastra desde la huelga de examinadores. Para ello, incluso baraja usar a agentes de la Guardia Civil de Tráfico que estén en la reserva activa.
No son las únicas cuentas que tiene por arreglar. Hacienda, un año más, ha vuelto a denunciar que «la falta de control y fiabilidad y los cálculos erróneos» conducen a un balance «que no expresa la imagen fiel de patrimonio y situación financiera» de la DGT. Su presupuesto para este año ascendió a 972 millones de euros.
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