- Política Ayuso alerta de que las cesiones de Sánchez en inmigración y Hacienda "hacen más difícil cuadrar las cuentas" regionales: "La situación política es insostenible"
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En Sol temen que la «velocidad» a la que Pedro Sánchez está ejecutando las cesiones al independentismo impida constatar su gravedad. Los traspasos de competencias, de hecho, se están realizando con la fugacidad de un relámpago y la derecha, creen en el Ejecutivo madrileño, debe estar en guardia ante futuros movimientos de Moncloa. También en el plano territorial, ya que, como viene denunciando Isabel Díaz Ayuso, la hoja de ruta de Sánchez con sus socios no sólo beneficia a Cataluña y al País Vasco, sino que agrava la situación de las regiones, especialmente de Madrid, donde advierten de que cada día es «más difícil cuadrar las cuentas».
De ahí que las cesiones en fronteras e inmigración, pero especialmente en lo relativo a Hacienda, vayan a marcar el orden del día en el pleno de la Asamblea convocado para hoy: tres de los cuatro partidos de la cámara regional -el Partido Popular, el PSOE y Más Madrid- preguntarán a Ayuso por cuestiones fiscales y el impacto de la condonación de deuda sobre los ciudadanos madrileños.
En concreto, la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, pedirá a Ayuso una valoración sobre «el impacto para los madrileños de la condonación de la deuda que el gobierno central ha anunciado para Madrid y el resto de comunidades autónomas de régimen común», y la de Más Madrid, Manuela Bergerot, sobre la «política fiscal» de la Administración autonómica. Dos preguntas que buscarán forzar a la presidenta madrileña a que concrete si la Comunidad se acogerá a la condonación o renunciará a esa quita de 8.644 millones de euros.
En el lado opuesto, el portavoz popular, Carlos Díaz-Pache solicitará también al Ejecutivo regional que se pronuncie sobre el mismo asunto, previsiblemente para criticar cómo, igual que defiende Ayuso, la condonación esconde un reparto de la deuda en el que cada madrileño asumirá un gasto extra de casi 500 euros. Una tendencia que se agranda con cada competencia que Cataluña o el País Vasco gana sobre el resto de regiones, como las últimas sobre inmigración y fronteras, y que será motivo de análisis en la comisión de estudio promovida por el PP en la Asamblea, aprobada ayer, al mismo tiempo que la mayoría absoluta de los populares permitió tumbar los intentos de la izquierda por crear otra comisión en defensa de esta medida diseñada por Hacienda.
«Juegan con el dinero y el futuro de España», lamentó ayer la presidenta regional en unas declaraciones que avanzaban la negativa frontal que su Ejecutivo escenificará hoy en la Asamblea ante la estrategia de Moncloa, la cual, dijo intentará «frenar sin descanso» antes de que «los pasos sin vuelta atrás» que está dando Pedro Sánchez hundan al país.
De hecho Ayuso ya advierte de que las regiones se resienten económicamente de los pactos entre el PSOE y las formaciones secesionistas y nacionalistas y que todo esfuerzo por mantener unos presupuestos equilibrados pueden irse al traste si se sigue cargando sobre el resto de regiones las cargas de las que se libra especialmente Cataluña. «La situación política en España es insostenible», lamentó la presidenta autonómica.
El malestar en la oposición madrileña es importante, ya que, como definió ayer la portavoz socialista, Mar Espinar, Ayuso busca centrar el debate regional sobre Cataluña y no hablar o poner el foco en su gestión. Una opinión que comparte el líder del PSOE-M, el ministro Óscar López, que denunció que Ayuso gobierna de manera «alegal» por plantear llevar a los tribunales la quita de deuda y por negarse a comparecer en la Asamblea para dar cuenta de la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander el pasado diciembre. Al respecto, en la Comunidad aseveran que la presidenta regional comparece todos los jueves ante todos los partidos en el pleno parlamentario y se somete a las preguntas de todos los medios de comunicación cuando comparece en rueda de prensa.
Más Madrid, por su parte, eleva la presión sobre Ayuso al tratar de convocar a su pareja, Alberto González Amador, en una comisión de investigación en el Congreso, donde la suma de fuerzas de la izquierda puede hacer efectiva una solicitud que el PP ha tumbado en la Asamblea. «Él es un proveedor, no es un político», reprochó ayer Ayuso tras conocer la maniobra, a pesar de que el PP sí convocó a Begoña Gómez en la comisión de la Asamblea que investigaba su cátedra en la Complutense.