- Política Cataluña podrá gestionar la devolución de extranjeros como exigía Puigdemont y los Mossos controlarán la frontera con Policía y Guardia Civil
- Congreso Feijóo acusa a Sánchez de "comprometer la seguridad nacional" con el "desmantelamiento" de la política migratoria
La última de las competencias cedidas a Cataluña, la de la inmigración y fronteras, supone un nuevo revés para la unidad de España y el equilibrio territorial, según denunció este miércoles Isabel Díaz Ayuso, que alerta de que mientras el Gobierno de Pedro Sánchez complace las exigencias del independentismo el resto de regiones cada vez tiene "más dificultad para cuadrar las cuentas".
"La situación política en España es insostenible", advirtió la presidenta madrileña tras conocerse que Cataluña podrá gestionar la devolución de extranjeros y los Mossos controlarán la frontera con Policía y Guardia Civil, como exigía Junts al PSOE. Una cesión que llega apenas unos días después de conocerse el plan para la condonación de deuda pública que ha puesto en pie de guerra a las autonomías populares y que en suma, como señaló Ayuso, allana el camino para que las formaciones independentistas acaben planteando un nuevo 1-O.
"Siguen preparando el terreno para esta República federal plurinacional y, de hecho, ceder inmigración, fronteras y Hacienda es de facto crear la primera de esas naciones", aseguró la dirigente madrileña, que definió la alianza de los socialistas con sus socios nacionalistas e independentistas como un "frente popular".
El cálculo que en Sol hacen de la "mal llamada" quita de deuda añade a cada madrileño un gasto extra de casi 500 euros. Un gasto que se va ampliando con cada cesión del Gobierno al independentismo, ya que la desigualdad entre autonomías es cada vez mayor. "Juegan con el dinero y el futuro de España", lamentó la presidenta regional, que este miércoles coordinó el Consejo de Gobierno desde la localidad de Valdemoro.
Además, Ayuso incidió en la "velocidad" a la que Sánchez y sus socios están desguazando el Estado de derecho y auguró que la Comunidad de Madrid, como ocurre en la actualidad, plantará cara a las políticas y la hoja de ruta socialista: "El Gobierno de la Comunidad de Madrid, como representante de los españoles en esta región, tiene la obligación de denunciar todo lo que está pasando en el conjunto de la nación y trabajar sin descanso para intentar frenar este proyecto que da pasos sin vuelta atrás. El daño que se está causando a España tardará mucho en repararse".