Las Monarquías constitucionales asumen un rol cada vez más activo en diplomacia verde

Escribió Cánovas que "la Corona no puede estar tan alta que se pierda entre las nubes". Si esto era ya un anhelo en el siglo XIX respecto a una institución que se transformaba al ritmo que empezaba a exigir el liberalismo político, en el XXI resulta un principio ineludible en toda Monarquía parlamentaria. Hay quien con éxito ha acuñado la expresión Monarquía del bienestar para explicar cómo las funciones y aun la justificación de la existencia de los Tronos en nuestro tiempo están cada vez más ligadas a haberse convertido en agentes activos de demandas bien terrenales que no necesariamente son las más urgentes para quienes dirigen la acción política pero que contribuyen con claridad a la mejora de las condiciones de vida de las sociedades en las que reinan. Y de ejercer como altavoces de causas que se benefician de la atención de esas figuras despojadas de poderes pero dotadas de enorme influencia y auctoritas que son los monarcas parlamentarios.

Y, en este sentido, resultaba casi obligatorio -o sin el casi- que las Monarquías constitucionales se erigieran también en agentes activos en la defensa del medioambiente y la transición ecológica, dado que la lucha contra el cambio climático es hoy una de las preocupaciones principales para los ciudadanos de sociedades democráticas como lo son, sin ir más lejos, las europeas. Hasta el 93% de los ciudadanos de los Veintisiete considera el cambio climático como uno de los problemas más graves que afronta el mundo, según vienen reflejando las últimas encuestas del Eurobarómetro. Una realidad que no les puede ser en modo alguna ajena a los titulares de una institución como la Corona, como "custodios que son de la continuidad de sus respectivas naciones y que pueden promover una visión de protección medioambiental que conecta el legado histórico con el futuro".

Son palabras del economista Toni Timoner Salvá y del abogado Raúl López Baelo, integrantes del think tank independiente Oikos, autores de una investigación para Remco -Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas-, que analiza el papel de todos los titulares de esta institución en Europa -salvo Luxemburgo y Liechtenstein- y Japón en la llamada diplomacia verde.

Siempre según las conclusiones de este trabajo, quienes más pueden presumir del compromiso con el debate medioambiental son, por este orden, el rey Carlos III del Reino Unido, el emperador Naruhito de Japón y Carlos Gustavo XVI de Suecia. Son los tres monarcas constitucionales más activos en la lucha contra el cambio climático y en el liderazgo en la promoción de políticas sostenibles de toda índole, tras una comparación exhaustiva del espacio dedicado a estos asuntos en la agenda de todos los soberanos analizados, la promoción de iniciativas relacionadas con el cambio climático y la economía circular, el hincapié puesto en estas cuestiones en sus discursos oficiales, o la ejemplaridad demostrada con la implementación de prácticas sostenibles tanto en los edificios asociados a la Corona como en las propiedades y actividades cotidianas de los miembros de las distintas dinastías. El Rey Felipe VI de España ocupa un cuarto puesto en la tabla de nueve monarcas comparados, que cierra el único al que los investigadores no otorgan al menos un aprobado de un 5, el rey Felipe de los belgas.

Un príncipe adelantado a su tiempo

La preocupación medioambiental del actual rey Carlos III viene de lejos. Como príncipe de Gales, fue una de las áreas a las que más esfuerzos dedicó desde los años 70. Hoy la realidad ha terminado dando la razón en buena medida a aquel Heredero que era percibido como una figura excéntrica por hablar de cuestiones como sostenibilidad medioambiental o agricultura ecológica en un tiempo en el que no eran asuntos que estuvieran en ninguna agenda pública en el Viejo Continente. Su activismo no es tan nítido desde su asunción del trono porque su papel como monarca le limita en alguna medida -basta recordar que al poco de suceder a su madre, Isabel II, la entonces primera ministra Liz Truss le pidió que no participara en la Cumbre del Clima de ese año, lo que generó una enorme controversia-, pero sigue alentando tanto a los poderes públicos como al sector privado un compromiso con prácticas que favorezcan la protección del planeta. Como advirtió en 2021 en la COP26: "La ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente y, si no actuamos ahora, el daño será irreversible para todos nosotros".

Como sostienen Timoner Salvá y López Baelo, la autoridad moral de los monarcas constitucionales les posiciona de modo privilegiado como agentes efectivos para una transición ambiental a largo plazo. Y, a la vez, se trata de un empeño que, en casos como el español, puede fortalecer su legitimidad y relevancia social, siempre con la mirada puesta en Monarquías que hoy también basan su razón de ser en la ejemplaridad y en la utilidad de ejercicio.

Las conclusiones de esta investigación, por último, llevan irremediablemente a pensar en las distancias casi insalvables en lo que representan hoy los reyes parlamentarios respecto a otros tipos de jefes de Estado como Donald Trump, quien justamente llegó al Despacho Oval como elefante por cacharrería desmantelando toda la política climática de sus predecesores.