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Un tribunal de Belfast ha fallado que la Ley de Inmigración Ilegal, que prevé la deportación a Ruanda de inmigrantes pendientes de la solicitud de asilo, no puede aplicarse a Irlanda del Norte porque es incompatible con le Convención Europea de Derechos Humanos y contraviene los acuerdos alcanzados para la región en los acuerdos del Brexit.
El Gobierno británico ha anunciado que apelará el fallo del juez Michael Humphreys, que advierte que la ley supone "una disminución significativa de los derechos de adquiridos por los solicitantes de asilo bajo los términos del Acuerdo de Paz del Viernes Santo".
Uno de los casos llevados hasta los tribunales por grupos de derechos civiles se refiere a un menor iraní de 16 años que llego a la costa británica en julio del 2023, atravesando en un bote desde Francia, y que alega que será encarcelado o asesinado si es mandado de vuelta a su país.
"Irlanda del Norte corre el riesgo de convertirse en un imán para los solicitantes de asilo", ha advertido por su parte el líder del Partido Democrático Unionistas (DUP)Gavin Robinson. "El fallo judicial no nos ha pillado por sorpresa. Llevamos tiempo expresando nuestra preocupación y advirtiendo al Gobierno de la incompatibilidad del plan Ruanda con los acuerdos derivados del Protocolo de Irlanda".
El fallo judicial se produce días después de las tensiones con el Gobierno de la República de Irlanda, que ha acusa al Gobierno británico de estar provocando una oleada de inmigrantes irregulares a su país a través de la frontera invisible con Irlanda del Norte para evitar ser deportados a Ruanda.