Los casos se multiplican: un ciudadano saudí residente en el extranjero, en su mayoría Estados Unidos o Reino Unido, viaja a su país para un trámite burocrático o para ver a su familia. Lo que se suponía que era una visita puntual sin importancia se convierte en una detención y una sentencia de un tribunal por "deslealtad al Gobierno", que puede ir desde cinco años de prisión a la pena de muerte.
La acusación se construye en torno a supuestas publicaciones críticas con el Gobierno en redes sociales o incluso en conversaciones telefónicas entre el acusado y su círculo más cercano.
Uno de los últimos casos es el del joven Abdullah bin Faisal al Saud, estudiante de posgrado en Boston y miembro de la familia real saudí. Su círculo más cercano señala que apenas hablaba de política y no entiende que en un viaje a su país fuera encarcelado y condenado a 30 años de prisión. Supuestamente las autoridades saudíes habrían interceptado conversaciones telefónicas de Saud en las que era crítico con el Gobierno. Documentos judiciales revelan que la acusación se basa en conversaciones en la aplicación social Signal e incluso en cabinas telefónicas.
Otro juicio más kafkiano es el de Mohammed bin Nasser al-Ghamdi, profesor jubilado de 54 años residente en Estados Unidos, que fue condenado a muerte por "deslealtad al Gobierno" y "traición" por sus publicaciones críticas con Riad en redes sociales. La acusación se basa en diversas cuentas creadas por al-Ghamdi en la red social X - antes conocida como Twitter- perfiles en los que contaba con apenas ocho seguidores, en las que tildaba al príncipe heredero, Mohamed bin Salman de "tirano" y "agente de Occidente". Sus abogados creen que la severa sentencia se trata de un castigo hacia su familia porque al-Ghamdi tiene un hermano disidente residente en Reino Unido que aún no ha sido procesado en suelo saudí.
Represión vs apertura económica
Este tipo de prácticas se acumulan desde el año 2017, cuando las autoridades saudíes empezaron una ola de arrestos contra centenares de figuras críticas con el Gobierno, ordenadas por el príncipe heredero Mohamed bin Salman.
La represión alcanza desde clérigos religiosos, a personas influyentes en redes sociales o periodistas. El caso más polémico fue el de Jamal Khashoggi en 2018, columnista de Washington Post que fue asesinado en el consulado saudí de Estambul.
Su muerte, cuya orden se atribuye al propio Bin Salman, provocó la condena de decenas de países y organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, el príncipe heredero ha realizado equilibrios entre su mano dura con la disidencia interna y una apertura económica del país que ha convencido a la comunidad internacional, no solo en cuestión de negocios, si no también postulándose como actor de peso internacional, capaz de organizar una cumbre por la paz en Ucrania o lograr un acuerdo de alto el fuego en Yemen.
Mohamed Bin Salman, de 38 años, ha iniciado un plan para diversificar la economía de Arabia Saudí para que no dependa tanto del petróleo y ha realizado un lavado de cara a la imagen del país, buscando el beneplácito de Occidente y atrayendo más comercio y turismo.
Mientras que ha levantado ciertas medidas como la prohibición de conducir o viajar para las mujeres, sin necesidad del permiso de un varón, ha intensificado el uso de tecnologías de vigilancia para perseguir a críticos y disidentes de su Gobierno. En una entrevista en 2018, el príncipe Mohammed calificó los arrestos como un "pequeño precio" para "deshacerse del extremismo y el terrorismo sin una guerra civil".
Según un informe del grupo de investigación Freedom House, los ataques contra la disidencia saudí se extienden a catorce países, incluido "ataques coordinados y dirigidos desde Estados Unidos" para "espiar, intimidar y obligar a regresar al reino" a miles de saudíes.
"Es inquietante, aterrador y una grave violación de los derechos humanos", señaló a la agencia estadounidense AP Nate Schenkkan, de Freedom House, sobre la persecución saudí de disidentes. Grupos de derechos humanos han denunciado la existencia de una aplicación para denunciar a ciudadanos disidentes que a día de hoy aún se puede encontrar en la tienda de aplicaciones Google Play, que habría sido usada en decenas de denuncias por publicaciones en redes sociales.
Amnistía Internacional asegura que Mohamed Bin Salman también habría utilizado el software de espionaje israelí para espiar a líderes críticos, como el periodista asesinado Jamal Khasshogi. Una investigación de la agencia de noticias AP con decenas de disidentes saudíes ha revelado que el propio FBI ha recomendado a ciudadanos saudíes críticos con el régimen que se abstengan de viajar a su país.
La preocupación por la vigilancia del régimen se extiende también a empresas privadas estadounidenses. Este mes la red social X, fue acusada de divulgar datos privados de usuarios a solicitud de las autoridades saudíes. Meses antes un empleado de la empresa fue declarado culpable de espiar a disidentes saudíes. El acusado ha filtrado información personal de usuarios saudíes a un colaborador cercano al príncipe heredero.
Licenciado en derecho y nombrado recientemente primer ministro, Mohamed bin Salman tiene un pie en todos los ministerios de la corte saudí. Tras purgar a la disidencia de su propio Gobierno con una decena de detenciones en 2017, Bin Salman dirige directamente los asuntos económicos y de defensa del país. Pese a que el rey Salmán Bin Abdulaziz al Saud no ha nombrado sucesor, nadie duda de que Mohamrd bin Salman será el heredero del trono.