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El Gobierno sancionará a las comunidades autónomas que no sean capaces de garantizar que sus centros de acogida de menores se encuentran en unas mínimas condiciones de «bienestar» para los niños y adolescentes. El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en la elaboración de un real decreto para establecer por primera vez unos criterios comunes en todo el Estado que deben seguir de forma obligatoria todos los gobiernos regionales. Para ello, creará un sistema de «homologación» de la inspección. El departamento de Sira Rego tendrá «potestad sancionadora», de tal forma que, si una administración no cumple, podrá tomar medidas contra ella.
Fuentes de este Ministerio explican que «hay 17 modelos de acogida en estos momentos», tantos como comunidades autónomas hay, porque son ellas las que tienen las competencias de tutela de menores. El Gobierno se ha encontrado con «situaciones muy complicadas» y «con una demanda enorme por parte de los trabajadores del sector para que, de alguna manera, haya un mínimo que establezca de qué manera tienen que estar dimensionado los sistemas de protección de la infancia» porque «cada uno hace un poco lo que quiere».
El Gobierno lleva «meses» trabajando en este decreto. El Ministerio asegura que «antes» incluso de la pugna que mantiene con varias CCAA para que acojan a más menores migrantes, que se saldó el jueves con la aprobación en el Congreso del decreto que permite su reparto automático por todas las autonomías. La idea es que antes de verano -«en un mes o dos meses»- esté aprobado en Consejo de Ministros.
En España hay 1.376 centros residenciales de protección a la infancia con 19.062 plazas, lo que supone una media de 13,9 plazas por centro, según datos de la asociación Nuevo Futuro y la Cátedra de Derechos del Niño de la Universidad Comillas, que ha hecho un análisis sobre estas instalaciones.
El objetivo del Gobierno es establecer «un estándar de mínimos de bienestar» que «tienen que asegurarse en cada uno de los centros» de todas las comunidades en cuanto a ratio y las plazas requeridas, número de profesionales y su cualificación, la composición de equipos «multidisciplinares», condiciones de salubridad de las instalaciones, así como programas de formación a los menores acogidos y procesos de acompañamiento profesional a la edad adulta. Estos requisitos mínimos comunes no existen en la actualidad, según fuentes del Ministerio de Sira Rego.
"Sistematizada y pautada"
Unas vez establecidas estas condiciones básicas, el Ministerio también quiere «homologar» las inspecciones, de tal forma que se hagan de forma «sistematizada, pautada y calendarizada» en cada uno de los centros. Por primera vez, el Gobierno tendrá «potestad sancionadora». El decreto establecerá la obligación de que las actas de inspección del sistema tengan que ser comunicadas al Ministerio de Juventud y sean revisadas por él. Si encuentra con que hay centros que no cumplen los requisitos, activará un protocolo sancionador contra la autonomía responsable de ellos.
Este protocolo aún no está definido y probablemente vaya concretado en un desarrollo normativo posterior. Como mínimo, el Gobierno notificará los incumplimientos a la Fiscalía de Menores, pero también podrá actuar para que se corrijan los incumplimientos, explican las mismas fuentes, que mencionan el centro de menores de la Casa de Campo de Madrid, diseñado para acoger a algo más de medio centenar de migrantes, donde las imágenes reveladas por el diario Público muestran ventanas rotas, calefacción defectuosa, humedades, grietas en las puertas, detectores de humo averiados y falta de limpieza. Además, los trabajadores han denunciado un trato «arbitrario» y «perjudicial» para los menores y un «incumplimiento continuado de las ratios de empleados».
El asesinato hace un mes de una trabajadora social en un piso tuteado de Badajoz a manos de tres menores ha sido puesto igualmente como ejemplo por parte de los educadores sociales como una muestra de la precariedad en la que se encuentra el sector de la intervención social.
El decreto se ha elaborado por parte del Ministerio de Juventud e Infancia en colaboración con las asociaciones que se encargan de los procesos de tutela y acompañamiento de los menores en los distintas comunidades autónomas. Además, han participado los sindicatos y el Colegio de Educadores Sociales. El Ministerio asegura que ha incorporado «buena parte de las demandas de los trabajadores». «Hemos hecho un trabajo de muchas reuniones previas, de mucha participación, de mucho acopio de propuestas y de cómo estructurar el sistema», recalca.
No es la primera vez que el Gobierno muestra su intención de recentralizar competencias de las CCAA, en vista del descontrol y el mal funcionamiento que parece existir en algunos servicios. El Ministerio de Universidades quiere reformar un decreto de 2021 para que la creación y el reconocimiento de las universidades online -que operan en todo el Estado- deje de depender de los gobiernos autonómicos en vista de los «chiringuitos» que dice haber detectado.