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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha incluido una cláusula en su ley antipantallas que es toda una declaración de guerra para los colegios concertados, pues supone impedir que cobren dinero a las familias para la compra de ordenadores portátiles o tabletas con fines educativos.
El artículo 5 del proyecto de decreto que limita el uso individual de dispositivos digitales en las aulas, al que ha tenido acceso ELMUNDO, también advierte de que estos colegios -que escolarizan al 28% del alumnado- no podrán reclamar al Gobierno de Madrid un dinero adicional por el empleo de estos aparatos. «Los centros no podrán exigir aportaciones a las familias o a la administración educativa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Orgánica 2006 de Educación», avisa.
Se refiere a la LOE, que en su artículo 120 autoriza a los centros educativos a adoptar «innovaciones pedagógicas» o sus propias metodologías, pero «dentro de las posibilidades que permita la normativa» y «sin que, en ningún caso, suponga discriminación de ningún tipo ni se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las administraciones educativas».
Esta prohibición, por tanto, ya estaba en la LOE, pero en la práctica no se cumple, pues las familias pagan una cuota tecnológica o compran la tableta o el ordenador portátil para sus hijos, además del seguro y el software. Fuentes de la Consejería de Educación de Madrid explican que han querido repetir este enunciado de la LOE en su decreto «con toda la intención y para dejar claro que los centros no pueden exigir pagos por sus tabletas u ordenadores ni a las familias ni a la Administración». Por eso el artículo 5 habla de dar «garantías» de «gratuidad»: la LOE también dice que para que no se discrimine a los estudiantes por motivos socioeconómicos, los colegios no podrán cobrar cuotas a las familias ni establecer servicios obligatorios asociados a las enseñanzas que requieran el pago de un dinero. Las actividades extraescolares y los servicios escolares voluntarios quedan excluidos. Pero por las tabletas y los ordenadores -dice la ley estatal y recuerda el Gobierno de Madrid- tampoco podrá cobrarse.
El artículo 5 va a traer conflicto con la concertada, que ya se ha opuesto frontalmente a la norma por considerar que se inmiscuye en su autonomía. Estos centros aseguran que ellos no obtienen «ninguna ganancia adicional» por las tabletas y que se limitan a hacer de intermediarios entre las familias y las empresas, obteniendo precios más ventajosos. Defienden, además, que la LOE, según redacción dada por la Lomloe, obliga a los colegios a implementar la digitalización. Y ni el módulo económico de conciertos ni ninguna otra partida presupuestaria prevé la financiación de estos costes, a diferencia de lo que ocurre en los colegios públicos, donde los dispositivos los pone el Gobierno regional y suelen usarse los llamados «carritos», con aparatos que no pertenecen a un alumno concreto y no se llevan a casa.
En cambio, en la concertada se han extendido sistemas como el One to One, con pantallas para cada alumno que suelen ir cargadas con libros de texto en formato digital y que se comercializan a través de distribuidoras que hacen precios a escala.
¿Cuánto tienen que pagar los padres por la digitalización en la concertada? Depende mucho de los centros. «864 euros cuesta el classpack, que incluye un iPad, el enrolamiento, la licencia MDM, la mochila tecnológica y la funda. Si queremos poner nuestro propio dispositivo iPad, tenemos que pagar 120 euros por el enrolamiento, 25 euros por la licencia MDM y 216 euros por la mochila tecnológica, pero debemos buscar nuestro propio seguro y sin funda [55 euros]. Si llevamos una tableta de otra marca, no nos garantizan ni la seguridad ni la funcionalidad. Al comprar la oferta completa te rebajan 20 euros», explica uno de los padres del colegio Claret que hace un año acudieron al Defensor del Pueblo para denunciar la sustitución de los libros de texto de papel por iPads.
Estas 200 familias -las primeras que pidieron ayuda a Ángel Gabilondo por el uso escolar de las pantallas- vieron que sus hijos se estaban distrayendo con los dispositivos y, utilizando la percha del «principio de gratuidad» de la enseñanza, se negaron a comprar los iPads para sus hijos. El artículo 5 del decreto de Ayuso parece redactado expresamente para ellos.
«En ningún momento nos informaron de que nuestros hijos no estaban obligados a llevar tabletas. Aparentan que solo pueden ir a clase si aportan un dispositivo. Además de que no está testado pedagógicamente, ni se controla la adicción de los niños, ni se informa a los padres de los riesgos, confunden a las familias porque les hacen asumir que tienen que hacer un gasto al que realmente no están obligados», denuncia este progenitor.
"no tenemos acceso al sistema de préstamo de libros de texto en papel"
El decreto de Ayuso prohíbe a los menores de 12 años el uso individual de portátiles y tabletas en clase y hacer los deberes en casa con ordenador. Para que no se queden atrás en competencias digitales, se permite utilizarlos en grupo y de forma supervisada un máximo de dos horas a la semana. Además, se seguirán usando en las clases de Tecnología o en aquellas que necesiten ordenador. No se desdigitalizará el aula.
Pero el Gobierno madrileño «recuerda» que no deben suponer un coste adicional para las familias, pues sería «discriminatorio» para las que no pueden pagarlo. Algunos centros ofrecen becas para la compra de tecnología, pero los padres 'insumisos' del colegio Claret dicen que «son muy pocas y no cubren todo el importe». «Lo que queremos es que se difunda la voluntariedad, que no se ha hecho, y se planifique la alternativa para los niños que no usan tableta. Hay veces que algún alumno se ha pasado una hora sin hacer nada porque al profesor de suplencia no se le había dicho que ese niño iba sin tableta», denuncia el padre del Claret. «Además, no tenemos acceso al sistema de préstamo de libros de texto en papel Accede. Sólo nos dan las licencias digitales. Todo es presión para que pasemos por las tabletas».