Intervencionismo y regulación frente a liberalización. Impuestos y bonificaciones frente a rebajas fiscales. Los planes que han presentado el Gobierno y el PP para hacer frente al problema de acceso a la vivienda en España sólo comparten la sensación de improvisación y la falta de concreción en sus medidas. Las propuestas llegan a ser casi antónimas y pese a ello, no han logrado la aprobación ni el respaldo de buena parte del mercado, que reclama, sobre todo, consenso político.
Impuestos
Son el pilar de la propuesta del PP. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo propone una rebaja tributaria a toda persona que adquiera una vivienda ("Para quien alquile y quien arriende una vivienda"), aunque su medida estrella es rebajar al 4% el ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) para todos los jóvenes menores de 40 años en las comunidades autónomas gobernadas por los populares.
El Gobierno, por su parte, plantea considerar a los pisos turísticos como un negocio y, por tanto, que se les aplique el IVA en aquellas zonas donde exista saturación turística. ¿Cuánto? Está por determinar qué gravamen y desde Moncloa remiten a la directiva que se está trabajando en Europa para establecerlo.
Bonificaciones
Es uno de los pilares de la propuesta gubernamental. Vivienda quiere lanzar una exención fiscal de hasta el 100% en el IRPF para los propietarios particulares que rebajen los precios de sus alquileres sin necesidad de que se ubiquen en zonas tensionadas. De esta forma, el Ejecutivo quiere incentivar que los propietarios pongan vivienda en el mercado tradicional y, de paso, saltarse el bloqueo de las CCAA del PP que se niegan a aplicar la Ley de Vivienda.
Plan de vivienda sin viviendas
Los dos partidos coinciden también en que la falta de oferta es la principal causa de la tensión que afrontan distintas zonas del país, pero mientras el PP quiere potenciar la liberalización de suelo y la creación de nueva vivienda para elevar el stock disponible en el mercado, el PSOE recela de construir nuevo producto de forma masiva. De forma resumida, el suyo es un plan de vivienda sin nuevas viviendas. El plan del Gobierno pasa por recopilar bajo su paraguas el parque de vivienda público ya disponible y para ello, incorpora viviendas de la Sareb a la recién creada Empresa Pública de Alquiler y propone la creación de un programa de rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible mediante ayudas a personas que reformen su piso para destinarlo a este régimen durante, al menos, cinco años.
Inseguridad jurídica vs. riesgo de burbuja
En lo nuclear, ambos planteamientos concitan riesgos. En el caso del Ejecutivo, sus medidas de carácter regulatorio e intervencionista ponen en cuestión la seguridad jurídica que reclama gran parte del sector y que se ha visto socavada en los últimos años por iniciativas como la Ley de Vivienda. Esa inseguridad jurídica ha reprimido cuando no expulsado a la inversión inmobiliaria en algunas partes del país, agudizando los problemas de oferta que existen en el mercado. En el caso del PP, la desregulación por la que apuesta en sus medidas hace temer a otra parte del mercado que se repitan situaciones que desembocaron en la burbuja inmobiliaria de 2008.
Temor a los impagos y la ocupación
Otro de los fantasmas que ronda el mercado del alquiler tiene que ver con los impagos y el aumento de las ocupaciones residenciales. A pesar de que el porcentaje de casos denunciados se mantiene estable, el temor a la llamada inquiocupación se ha extendido entre los propietarios y tanto en el Gobierno como en el PP son conscientes de ello. Ahora bien, cada uno lo aborda de una forma diferente. Los de Feijóo plantean desbloquear la 'ley antiokupación' en el Congreso y crear un seguro (a cargo de las comunidades autónomas) para garantizar los pagos de arrendamiento y asistencia jurídica en caso de ocupación para aquellos propietarios que pongan vivienda vacías a disposición de programas públicos de alquiler. En Moncloa, por su parte, abogan por crear un sistema de garantías públicas que protejan tanto al casero como al inquilino. La fórmula tampoco está definida, pero fuentes gubernamentales señalan al modelo Visale que se aplica en Francia para los arrendamientos a estudiantes.
Viviendas de protección
Las diferencias en este punto son casi abismales. Mientras el PP quiere "aprobar la flexibilización del marco regulatorio para que más personas accedan en propiedad a este tipo de viviendas", el Gobierno quiere ampliar el parque público de viviendas en alquiler asequible y asegurar que la mayoría de las casas de este régimen se gestionen como arrendamiento y mantengan la protección de forma indefinida. Para ello transferirá viviendas y suelos en manos de la Administración General del Estado y de Sareb a la nueva empresa pública; dicha empresa tendrá prioridad en la compra de viviendas y suelos respecto a las CCAA y, lo más importante, blindará por ley la vivienda protegida del Estado condicionando las ayudas a las autonomías a que éstas mantengan el régimen de protección de forma permanente e indefinida.
Ley del Suelo
Otro punto crítico. Es la norma de la que dependen buena parte del resto del componente de los planes que tienen Gobierno y PP, pero si su reforma no sale adelante, gran parte de esos planes se quedarán en papel mojado. Y no parece que vaya a salir adelante. El PSOE la retiró antes de ser votada por falta de apoyos y desde entonces permanece atascada en el trámite parlamentario. El PP, por su parte, quiere lanzar su propia reforma e incluir en ella la derogación de la Ley de Vivienda, pero hasta el momento tampoco ha conseguido reunir los apoyos necesarios.