La CEOE ha recurrido ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Trabajo que le obligaba a dar entrada a Pimec en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CNCC) y le daba un plazo de diez días para negociar el nuevo reparto de asientos con la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas. La orden de Yolanda Díaz se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 10 de abril y, lejos de acatarla, Antonio Garamendi ha presentado un recurso ante la sala de lo Contencioso Administrativo para paralizar el proceso y ha reclamado, además, la aplicación de medidas cautelares hasta que se resuelva.
Tal y como ha adelantado La Vanguardia este martes y ha podido confirmar EL MUNDO, la CEOE ha decidido acudir a los tribunales para ampliar un recurso presentado en agosto de 2024 contra una orden anterior en la que se regulaba el nombramiento de vocalías en esta comisión. Lo que hizo la orden publicada el pasado 10 de abril fue dar un plazo a los empresarios para ponerse de acuerdo en la distribución de las vocalías entre CEOE, que ahora tiene cinco, Cepyme, que cuenta con una, y Pimec. Y eso es lo que ha motivado la ampliación del recurso.
En concreto, la última orden del Ministerio de Trabajo daba 10 días a CEOE y Cepyme para comunicar a la Dirección General de Trabajo "el acuerdo unánime" sobre la distribución de las vocalías con las que cuenta el grupo empresarial (seis de un total de 18 asientos en la comisión). El texto determinaba, además, que transcurrido ese plazo sin acuerdo, sería la propia Dirección General de Trabajo la que determinaría el número de personas que corresponde proponer a cada organización, dando otros diez días a los empresarios para que propongan sus nombres. Pimec intentó abrir un proceso de negociación con las patronales nacionales, sin éxito.
A principios de este año el Ministerio de Trabajo ya le había comunicado a Pimec que, como agente social más representativo en Cataluña, tenía derecho a una silla en las mesas de diálogo social a nivel estatal. El presidente de la patronal catalana, Antoni Cañete, viene reivindicando que su organización tiene que estar en el "puente de mando" y que las pymes deben tener voz propia en el diálogo social, algo que considera que no se da en estos momentos porque Cepyme es, según definió en esta entrevista reciente en EL MUNDO, "una marioneta de la CEOE".
Fuentes de Pimec consideran "sorprendente y preocupante que una organización como la CEOE, en lugar de aceptar una representación empresarial más plural, democrática y ajustada a la realidad, recurra a la vía judicial para bloquearla". "Las pymes representan más del 99% del tejido empresarial y el 70% del empleo y su voz no puede seguir siendo ignorada en órganos donde se deciden cuestiones clave como los convenios colectivos", añaden como reacción a la maniobra de Garamendi.
La voluntad de Pimec, defienden, ha sido "desde el primer momento dialogar y alcanzar consensos". Por ello, los de Cañete propusieron abrir un proceso de negociación con CEOE y Cepyme "para acordar un reparto más justo de las vocalías y evitar que las grandes empresas concentren cinco de las seis plazas disponibles". "Confiamos en que las instituciones seguirán trabajando para garantizar un modelo de diálogo social realmente plural, justificado y representativo", concluyen desde la patronal catalana.
Sin embargo, la CEOE argumenta que Pimec no es lo suficientemente representativa como para estar en esta comisión y alegan que no debería formar parte de este órgano porque pertenece a una organización de ámbito estatal, que es Conpymes. Por eso han ampliado el recurso interpuesto en agosto de 2024, planteando medidas cautelares para paralizar un proceso que, de consumarse, supondría un paso importante hacia la entrada de la patronal catalana en otros órganos de mayor alcance en el ámbito del diálogo social. Algo que tanto CEOE como Cepyme quieren evitar a toda costa, especialmente en un momento de gran división interna ante el proceso electoral abierto en la patronal nacional de las pymes.