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El aviso de la Comisión Europea sobre el cierre nuclear en España: "Garantizar el suministro de energía es clave"

El comisario de Energía afirma que Bruselas no puede intervenir en el calendario español de cierre pero remarca la importancia de la seguridad energética

De izquierda a derecha, el ministro de Industria checo, Lukas Vlcek y el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen en Bruselas este lunes
De izquierda a derecha, el ministro de Industria checo, Lukas Vlcek y el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen en Bruselas este lunesOLIVIER HOSLETEFE
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El comisario europeo de Energía, el socialista danés Dan Jorgensen, invita implícitamente a reflexionar sobre el calendario nuclear español, más acelerado que en otros países europeos, al remarcar la importancia de la seguridad de suministro.

En una respuesta escrita en la Eurocámara a la que ha tenido acceso este diario, Jorgensen admite que no puede interferir en la decisión del Gobierno español de impulsar el cierre de Almaraz y resto de centrales a partir de finales de esta década, pero incide en la importancia de no hacer nada que perjudique el suministro. Preguntado por la eurodiputada del PP, Elena Nevado del Campo, sobre si el cierre nuclear español es coherente con los llamamientos de Bruselas a mejorar la competitividad industrial europea, Jorgensen responde: «La Comisión no interviene en tales decisiones, aunque reconoce que garantizar el suministro de energía limpia y asequible es clave para la competitividad europea, la seguridad y la futura neutralidad climática de la UE».

Su puntualización, inusual en las comunicaciones de Bruselas sobre esta fuente energética, coincide con que una amplia mayoría de expertos consideran que, mientras las energías renovables sean intermitentes y no almacenables, la industria necesita un suministro seguro que sólo puede aportar la energía nuclear o las centrales de gas.

Para Jorgensen, «España ha confirmado su intención de eliminar progresivamente la energía nuclear de aquí a 2035 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima presentado recientemente». Y «la elección de los recursos energéticos de la combinación energética, incluida la decisión de utilizar o no energía nuclear, sigue siendo competencia de cada Estado miembro de conformidad con lo dispuesto en la legislación de la UE». Por eso , la Comisión Europea no puede, a su juicio, interferir en la línea del Gobierno que fue marcada precisamente por una compañera en Bruselas, la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera. Sin embargo, en su respuesta escrita, el danés señala que «el objetivo de la Comisión es garantizar que la transición a una economía descarbonizada sea propicia a la competitividad y tecnológicamente neutra, mientras que el paso a fuentes de energía más limpias y rentables debe reducir los costes y la volatilidad de los precios de la energía». La Comisión incluye la energía nuclear entre las no contaminantes.

Jorgensen, que fue escéptico en su etapa de ministro en su país sobre la energía nuclear, ha reconducido su posición en su etapa de comisario y no ve con malos ojos, según ha declarado en otras ocasiones, los reactores nucleares de nueva generación. En todo caso, su respuesta a Elena Nevado Del Campo, que fue alcaldesa de Cáceres, la hace «en nombre de la Comisión Europea» como es habitual en estos procedimientos escritos. La posición actual oficial de Ribera es también de que los países miembros son soberanos para decidir en qué fuentes de energía se apoyan.

El entorno internacional es cada vez más pronuclear y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, intensifica su presión para que el Gobierno recapacite. «Los españoles pagarán. Si las centrales nucleares cierran, tenemos estudios que muestran que los precio de la luz subirán entre un 25% y un 30%», declaró este jueves Galán en Financial Times.

Un estudio de PwC calcula una subida de 37 euros el megavatio hora si se produce el desmantelamiento nuclear en España. El impacto oscilaría entre en torno al 25% para los consumidores domésticos y el 35% para la industria. Cree que acentuaría el riesgo de apagones y una mayor dependencia del gas, que España necesita importar.

«Incluso cumpliéndose los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el cierre nuclear supondrá un aumento del precio de la electricidad a futuro de 13 euros el megavatio hora, además de multiplicarse por seis las emisiones de CO2 y el consumo de gas natural, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos y mermando la soberanía energética del país, que incrementará sus importaciones de electricidad en un 58%», afirma el estudio de esta consultora. Resalta que con la renuncia a las centrales «el suministro de electricidad se vería comprometido en situaciones de alta demanda y baja producción renovable , tal y como ya ha ocurrido en el pasado».

Galán acudió la semana pasada a un gran evento energético en Houston (EEUU) y se reunió con el secretario de Estado de ese país, Chris Wright. Para el presidente de Iberdrola, los europeos deben ser menos dogmáticos en contraste con la Administración de Donald Trump, abiertamente pronuclear. «¿Estamos los europeos en posición de renunciar a fuentes de energía sólo por ideología? ¿O debemos ser pragmáticos como los americanos?», afirmó al rotativo británico. En opinión de Galán, España no debe repetir lo que califica de «gran error» de Alemania ordenando cierres en el gobierno de Angela Merkel y que su sucesor, Friedrich Merz, quiere revisar.

Sin embargo, Galán no da el paso formal de solicitar extender la vida útil de la central de Almaraz en la que su empresa es primer accionista. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, asegura que, pese a las declaraciones públicas, aún no ha recibido petición alguna para retrasar la clausura. El Foro Nuclear, la asociación empresarial a la que pertenecen las grandes eléctricas del país, sostiene que previamente es Aagesen la que debe derogar la orden ministerial de cierre para que sea viable solicitar el aplazamiento.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, defendió este jueves que la energía nuclear es «segura», «eficiente» y «limpia», y abogó por un «gran pacto» por la energía nuclear entre el Gobierno y las administraciones, según Europa Press.