Los ayatolás prefieren ahorcar los martes sirviéndose de grúas montadas sobre camiones o, eventualmente, de una simple silla. Ponen al reo encima con la maroma al cuello y de un modo completamente primitivo, le obligan a caer dándole una patadita al taburete. Alrededor de mil reclusos colgaron en 2024, lo que equivale a ejecutar a un condenado cada 10 horas. Hubo jornadas en que ahorcaron de forma simultánea a más de dos docenas de personas. Sólo el Estado chino es más sanguinario que las autoridades de Teherán.
Entre los liquidados brutalmente por el régimen, había al menos 31 mujeres, que es la cifra más alta de los últimos 17 años. Sabemos, además, que en los espeluznantes corredores persas de la muerte aguardan miles más de presos a correr la misma suerte. Rara vez son ejecuciones públicas. No se anuncian tampoco con antelación de modo que las condenadas viven la espera bajo una terrorífica espada de Damocles que, en el caso de Irán, adopta la forma de una soga.
«No sé qué más deben presenciar estos ojos, o cuánto más debe soportar este corazón», dice a propósito de ello un popular preso político llamado Saeed Masouri. «Desde el momento en que me sentenciaron a muerte, cuando cada reunión parecía la última y cada sonido de una puerta que se abría o cerraba resonaba como el repique de una sentencia de muerte, he llevado este peso insoportable. Incluso después de 25 años todavía experimento el reflejo psicológico del terror con cada sonido que se asemeja al ruido metálico de una puerta».
En esa misma situación se encuentra una trabajadora social de 40 años a la que los jueces persas de la horca —ahora bajo la égida del siniestro Jafar Montazeri— acusaron sin pruebas de ser parte del Partido de la Vida Libre del Kurdistán (PJAK). Nada más falso. Y lo saben. Pakhshan Azizi nació el 7 de agosto de 1984 en Mahabad (Irán) en el seno de una familia de la minoría kurda. Asistió a la Universidad Allameh Tabataba'i de Teherán. El 16 de noviembre de 2009, Azizi fue detenida por primera vez por protestar junto con otros estudiantes contra las ejecuciones políticas en Kurdistán. Quién iba a decirle a aquella joven que también acabaría siendo condenada a muerte.
Después de ser liberada bajo fianza el 19 de marzo de 2010, Azizi se mudó primero a la región del Kurdistán de Irak. Cinco años más tarde, Azizi comenzó a trabajar en el noreste de Siria (Rojava) como trabajadora social y humanitaria, apoyando a refugiados y víctimas del Estado Islámico. Su error fue regresar a Teherán para ver a su familia.
El 4 de agosto de 2023, un puñado de agentes del Ministerio de Inteligencia detuvo a Azizi en la casa de sus padres en Shahrak-e Kharrazi (Teherán). Su papá, Aziz Azizi y su hermana Pashang también fueron arrestados, aunque tras ser interrogados, fueron todos liberados. A Pakhsan la llevaron inicialmente al pabellón 209 de la prisión de Evin, donde la mantuvieron en régimen de aislamiento durante varios meses. Tiempo después sabríamos gracias a su abogado que los agentes a su cargo la torturaron y golpearon para extraerle confesiones.
MÁS DE 15.000 REOS
El 11 de diciembre de 2023, Azizi fue trasladada al pabellón de mujeres de esa misma cárcel, un infecto tugurio levantado en las faldas de la cordillera de los Elburz hace 53 años, bajo el reinado de Mohammed Reza Pahleví, último sha de Irán. Evin era un centro de detención para los que esperaban juicio, pero tras la revolución islámica, han llegado a hacinarse más de 15.000 internos.
Los terrenos de la prisión incluían un patio de ejecución, un tribunal y bloques separados para delincuentes comunes y reclusas femeninas. Es allí donde aguarda Pakhsan a ser ejecutada. Lo habitual es que antes de que se aplique la sentencia, los reos sean puestos en aislamiento o, eventualmente, transferidos a la cárcel de Qezel Hesar, que es donde suelen tener lugar el grueso de la ejecuciones.
Azizi fue condenada a muerte por la Sección 26 del Tribunal Revolucionario Islámico en julio del pasado año. Cinco meses antes, había sido acusada formalmente de «baghi» o insurrección armada contra el Estado por la Sección Cinco de la Fiscalía de Seguridad de Evin. Los jueces adujeron que era una activista de la organización PJAK, una organización política-paramilitar del Kurdistán iraní situada bajo la influencia del ideólogo Abdula Ochalan. En la sentencia era igualmente acusada de haber tomado parte en las protestas de Mahsa Amini. Se decía asimismo que había regresado a Irán para socavar a su gobierno. Quienes conocían a Pakhshan se quedaron estupefactos.
«Pakhshan Azizi es y siempre ha sido una simple trabajadora social», dice su hermano a Crónica. Al igual que la condenada, Asso nació en Mahabad, pero dejó Irán hace nueve años y no ha regresado desde entonces. Actualmente vive en Bélgica. «Trabajó durante algún tiempo en hospitales de Teherán y más tarde, en el departamento administrativo de la Organización de Bienestar en la ciudad de Marivan. Sin embargo, debido a que la mayoría de los contratos de trabajo en Irán son de corta duración, buscó oportunidades de empleo en el Kurdistán iraquí. Tras pasar una temporada en la ciudad de Sulaymaniyah y, durante el ascenso de ISIS, los crímenes cometidos por los yihadistas sacudieron su conciencia. Fue entonces cuando decidió ayudar a los refugiados de esa guerra y viajó al Kurdistán sirio para ofrecer sus servicios como voluntaria en campos de refugiados, prestando ayuda principalmente a mujeres y niños desplazados yazidíes de Shingal».
¿Que por qué volvió a Irán a sabiendas de la amenaza que podrían representar las autoridades criminales de ese país? «En realidad, ella nunca había participado en actividades políticas así que ni siquiera podía imaginarse que ayudar a los refugiados que huyen del ISIS fuera a ser considerado un delito», nos aclara Asso. «Mientras estuvo en el Kurdistán sirio, se sometió a una cirugía por un tumor uterino. Más tarde, mientras acompañaba a nuestra familia a Teherán para recibir tratamiento médico, fue arrestada violentamente por el Ministerio de Inteligencia en Teherán junto con mi padre, mi hermana mayor, mi cuñado y mi sobrina».
SIN NOTICIAS DE AZIZI
Lo que vino después fue un auténtico suplicio. «Por más de dos semanas, no supimos nada sobre el paradero de Pakhshan y los demás familiares detenidos. Ni siquiera sabíamos quiénes les habían arrestado. Cuando mi padre, mi hermana mayor, mi cuñado y mi sobrina fueron puestos en libertad bajo fianza al cabo de dos semanas, nos enteramos de que habían sido detenidos por el Ministerio de Inteligencia y sometidos a graves torturas durante su detención».
«Se les negó el derecho a visitas, llamadas telefónicas y representación legal. En el caso de Pakhshan, estas condiciones persistieron durante casi cinco meses. Se le privó del derecho a un abogado durante casi un año y sólo se le permitió dos semanas antes de su audiencia judicial».
Uno de los elementos más sorprendentes que concurren en la historia de Pakhshan es que, un mes después de su detención, el juez que instruía su caso ordenó su liberación debido a la ausencia de pruebas en su contra. «Lo que pasó es que el Ministerio de Inteligencia se opuso», afirma su hermano. «Debido a las presiones que ejercieron, cambiaron a las personas que se ocupaban de su caso y el nuevo juez de instrucción volvió a dictar sentencia a favor de su libertad bajo fianza. Lamentablemente, una vez más, el Ministerio de Inteligencia se opuso. Intervino para cerciorarse mediante un proceso sumamente opaco de que fuera condenada a muerte».
Debido a la distancia geográfica entre ambos y a las restricciones impuestas por las autoridades iraníes, Asso no ha mantenido contacto directo con Pakhshan durante años. Sin embargo, tiene constancia gracias a sus compañeras de prisión de que «su moral sigue siendo notablemente alta. No ha cesado de pensar y de actuar como una trabajadora social. Se preocupa constantemente por el bienestar de quienes la rodean y brinda su ayuda siempre que puede. Quien está fatal es mi familia. Su estado emocional es extremadamente malo. Además, mi padre, mi hermana mayor y su esposo han sido condenados a un año de prisión. Todavía tenemos la esperanza de que la presión internacional y nacional impida la ejecución de su sentencia y obligue a las autoridades a reconsiderar su caso. Las acusaciones en que fundamentan la sentencia carecen de credibilidad. Como ha declarado la propia Pakhshan: "Nuestro delito es ser mujeres y ser kurdas. Para la autoridad central somos insignificantes. Sin embargo, cuando se trata de dictar sentencias severas, somos el grupo más numeroso"».
Asso no desea ni siquiera especular sobre si la sentencia se ejecutará o no. «Lo que es seguro es que el gobierno iraní es plenamente consciente de que el pueblo kurdo se opondrá a esta injusticia. Hace apenas unas semanas, en protesta por la confirmación de su sentencia, una parte importante del Kurdistán iraní se declaró ya en huelga.
En realidad, Pakhshan ya fue ahorcada varias veces en prisión. Gracias a las palabras que logró transmitirle a su abogado sabemos que, durante los interrogatorios, la colgaban del cuello repetidamente o la enterraban 10 metros bajo tierra para sacarla de cuando en cuando a la superficie. Permanecía entonces en aislamiento. Es decir, en una celda de apenas 1,5 por 2,5 metros, sin derecho a llamadas telefónicas, visitas, representación legal o atención médica. Esa es la justicia de los ayatolás.
Organizaciones humanitarias de todo el mundo han dado testimonio en documentos rubricados por sus responsables de que Pakhshan arriesgó su propia vida desinteresadamente y sin esperar un beneficio personal, únicamente para ayudar a los demás. En ningún momento, ni dentro de Irán ni en sus fronteras, ni siquiera mientras estuvo en el Kurdistán sirio, participó en ningún conflicto con fuerzas iraníes o grupos aliados. Su trabajo era de una naturaleza estrictamente humanitaria.
Pakhshan se ha declarado en huelga de hambre varias veces, una de ellas en mayo de 2024, para protestar contra la decisión de las autoridades de trasladar a la sección 209 de la prisión de Evin a la activista kurda Verisheh Moradi, quien también aguarda a ser ahorcada como ella. Las condenas de ambas han originado campañas de solidaridad en todo el mundo, que vienen a sumarse a otras campañas como la de «Martes sin ejecuciones» o a las cientos de protestas que se han organizado en todo el mundo contra el desenfrenado carnaval de ahorcamientos patrocinado por la dictadura de los islamistas.
En Madrid ha habido varias. En febrero de 2023, se reunieron docenas de personas en la capital de España para protestar contra la cadena de ejecuciones con la que el Gobierno de Irán reprimió las protestas originadas por la muerte de Mahsa Amini. De aquella concentración madrileña procede la magnífica foto de Marcos del Mazo con las siluetas de personas ahorcadas que abre este reportaje.