Vuelven los copagos por tramos a los bolsillos de los pacientes. El Ministerio que dirige Mónica García recupera el pago extra si uno quiere elegir un determinado medicamento. La letra pequeña que esconde el borrador que se ha filtrado del anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, en la web de información parlamentaria Demócrata.es. ha caído como un jarro de agua fría a todo el sector, incluidos los representantes de pacientes.
Los principales agentes señalan a este medio que Sanidad no les ha hecho llegar ningún preliminar. E incluso se plasman medidas que no estaban consensuadas. Esto rompe con uno de los ejes recogidos en la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028, que es el compromiso del Gobierno en consensuar los detalles de cualquier regulación que afecte a la industria farmacéutica a través del Comité Mixto Ministerios-Industria para analizar de manera conjunta los detalles del borrador que viene a actualizar el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
Entre las cuestiones críticas está el nuevo sistema de copago basado en las rentas del contribuyente. Este borrador contempla más casuísticas que la norma vigente; en concreto, las contenidas en el artículo en el artículo 120, que vendría a sustituir al 102. En la ley se actual engloba a un colectivo más amplio, el que va de una renta de 18.000 a 100.000 euros, que hasta ahora pagaban lo mismo, un 50% del PVP. Ahora, según el borrador, sacan de este margen a los que tienen rentas mayores de 18.000 euros, pero menores de 100.000 euros, y les hacen pagar más que ese 50%: desde 18.000 a 35.000, se quedan en el 50%; desde 35.000 a 60.000, un 55%; entre 60.000 y 100.000, un 60%; y superiores a 100.000, un 65%.
Junto al nuevo sistema de copago, algunos ponen el acento en la redacción del artículo 115, sobre el sistema de precios seleccionados. Este señala que las compañías ofertarán a Sanidad sus precios para un periodo de dos meses y que, con las ofertas recibidas, esta recogerá el precio más bajo. "No creemos que vaya a ser como la extinta subasta de medicamentos de Andalucía", sostienen sobre un polémico modelo de licitación pública de principios activos en atención primaria que condicionaba la dispensación.
Más bien, se trata de un sistema que funcionaría cada dos meses, que califican de "follón", apuntan fuentes del sector. "Con esta decisión se trataría de poner solución al hecho de que los laboratorios no suelen acudir a bajadas voluntarias de precios, a no ser que se trate de un reventador del mercado".
De nuevo, el paciente, que según el borrador es el "auténtico protagonista final de la prestación", se ve perjudicado. Esto sucede porque en el artículo 115 del borrador se recoge que el sistema establecerá cada dos meses un precio para cada agrupación homogénea de medicamentos sustituibles en base a las ofertas ciegas de las compañías. De manera que habrá un medicamento con el precio más bajo, una agrupación con medicamentos con precios seleccionados dentro de un rango de precios y una agrupación de medicamentos no seleccionados.
Dentro de esa agrupación homogénea podrá haber precios más altos que podrán ser financiados, siempre que el paciente pague la diferencia. El artículo 99 del borrador señala que cuando el paciente elija en la botica un fármaco no incluido en la lista de precios seleccionados para su financiación tendrá que abonar la parte del precio que le correspondería, según su aportación, si se dispensara el compuesto de precio más bajo sumaría la diferencia con el elegido.
Esto significa que si hay un ibuprofeno en una presentación concreta de un laboratorio X (genérico o de marca) como precio de referencia más bajo y se quiere cambiar de pastilla a sobre o de otro laboratorio porque sea el suyo habitual, se pagaría la diferencia. Para los pacientes esto sería un obstáculo para el cumplimiento terapéutico.
Esto abre la veda a que haya ciudadanos de primera y segunda, con especial impacto en poblaciones vulnerables. Para Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), "considera que esta ley incluye oportunidades pero el texto plantea también muchas dudas para los pacientes crónicos como son los copagos, o el sistema de subastas, incluso el manejo de fármacos biológicos en farmacia comunitaria".
Este modelo guarda similitudes con el aplicado en Suecia. Y desde el tejido industrial apuntan que no es acertado asumirlo en nuestro país porque el escandinavo no tiene prácticamente fabricación local de medicamentos fuera de patente. Con esto las consecuencias no deseadas del sistema de subasta continuada se traduce en un impacto directo en toda la cadena sanitaria.
Más reacciones del sector
La Asociación Española de Biosimilares (Biosim) puntualiza que no saben "con certeza ni de dónde procede este documento y, lo más importante, tampoco de qué fecha es. Incluso si procediese del Ministerio es posible que la fecha sea anterior al acuerdo sobre la Estrategia de la Industria Farmacéutica recientemente aprobada por Consejo de Ministros. Desde BioSim entendemos que es la Estrategia la que marcará las líneas de desarrollo legislativo a futuro en base al consenso al que se ha llegado con las diferentes patronales".
Desde Facme se argumenta que desde las sociedades médicas "creemos que a menudo se genera un sistema confuso para el médico prescriptor al hacer coexistir varias medidas contrapuestas". Y esto lo explican de la siguiente forma: "Como son un sistema de precios de referencia que reduce el precio del original para igualarlo al de sus genéricos o biosimilares; segundo, establecimiento de indicadores que priman el uso de genéricos y biosimilares con objetivos cercanos al 100%; y tercero, medidas de competencia entre genéricos y biosimilares a nivel de la adquisición y dispensación, que promueven cambios entre marcas a los pacientes sin que exista constancia de que los beneficios de dichos cambios repercutan en beneficio para el SNS".