Las vejaciones anónimas que está sufriendo Pilar Alegría por la presunta fiesta de José Luis Ábalos en Teruel son intolerables y no deben ser alentados ni justificados en medida alguna. De la misma manera, los insultos machistas que está recibiendo no eximen al Gobierno de cumplir con su deber de transparencia y de rendición de cuentas ante la catarata de casos de corrupción que lo asuelan: desde el propio caso Koldo a las investigaciones sobre el hermano y la mujer del presidente.
La portavoz del Ejecutivo volvió ayer a negar que conociera y ocultara la presunta fiesta en 2020 de la que se acusa a José Luis Ábalos. Por entonces, Alegría era la delegada del Gobierno en Aragón y se alojó en el Parador turolense el mismo día de la supuesta cita auspiciada por el ex ministro. Esta coincidencia no es banal, sino que está en el epicentro de lo que está investigando la Justicia: Ábalos estaba allí y actuaba con impunidad rodeado de cargos del Gobierno y el PSOE porque era el número dos de Pedro Sánchez. Si Alegría se ha visto hoy salpicada por este supuesto episodio de Teruel es por eso y nada más.
Alegría sopesa emprender acciones legales ante las vejaciones porque se siente «víctima de un machismo repugnante». Así debe hacerlo si considera que se han vulnerado sus derechos. Tiene instrumentos para ello, incluyendo el apoyo público del jefe del Ejecutivo. Su denuncia será aún más creíble si el Gobierno del que es portavoz condena en los mismos términos los insultos y amenazas que reciben a diario en el ecosistema de las redes rivales políticos, periodistas y muchas otras personas con un perfil público. Y si el propio Ejecutivo y el PSOE no lanzaran a algún ministro o jefe de prensa a perseguir las opiniones discrepantes, ni Moncloa tuviera contratados a activistas que han hecho carrera señalando y descalificando a otras personas.