Conforme avanza la investigación judicial sobre la dana, se hace más ineludible la asunción de responsabilidades políticas. Desgraciadamente, las declaraciones en sede judicial de los dos máximos responsables de Emergencias de la Generalitat, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, y de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, evidencian que ese ejercicio de autocrítica es nulo. Al contrario, las tres son una ristra de exculpaciones y ataques al rival político que manifiesta la gravosa falta de competencia del Estado en su conjunto el día en que se desencadenó la riada. Ese 29 de octubre en que, como ha explicado la jueza, se produjeron la mayoría de las 228 víctimas mortales.
Pilar Bernabé, encumbrada ayer como nueva líder del PSOE en la ciudad de Valencia y dirigente de futuro en la región, ha admitido este lunes que el Ejecutivo estaba a ciegas el día de la dana. A la delegada del Gobierno no le ha quedado otro remedio que reconocer, en su declaración como testigo de casi siete horas, que la tesis del apagón informativo que repite desde el primer día Carlos Mazón tiene fundamento. Bernabé declaró que se enteró del desbordamiento del río Magro por los medios y del desbordamiento del barranco del Poyo, que provocó la tragedia, por la alcaldesa de Paiporta, que la llamó pidiendo auxilio pasadas las 19.00 horas. Constató que durante horas la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ) se desentendió de la riada más letal, la del Poyo, y que su director, Miguel Polo, presente en el CECOPI, no dio la voz de alarma. Como mantenemos desde el minuto uno de la tragedia, es inexplicable la falta de diligencia de la CHJ. Con todo, la imagen que ofrece la declaración de Bernabé es de desamparo: si la máxima autoridad del Gobierno en Valencia, que tenía movilizadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y estaba en contacto con la Aemet y la CHJ, admite que en realidad estaba a ciegas, ¿qué se podía esperar de las administraciones? Su declaración evidenci a que la tragedia de la dana superó a todos los que tenían la obligación de gestionarla y que no sólo era una emergencia nacional, sino una de las mayores que ha sufrido España.
La jueza mantiene por el momento centrada su investigación en la Generalitat, a la que señala como responsable de la comunicación y de la protección de los ciudadanos el 29 de octubre. Afirma la instructora que «había [información] sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real, al alcance de los responsables». Elementos como las cerca de 19.000 llamadas de auxilio desesperado que recibió el 112 apuntan con razón en esa dirección. ¿Cómo es posible que nadie diese la voz de alarma? La declaración de Salomé Pradas como imputada, que se produjo la semana pasada, fue desalentadora: se definió como una incompetente para ejercer su cargo de consejera de Interior.
Mientras la justicia trata de ofrecer las respuestas que esconde la política y se utiliza la tragedia como arma partidista, se erosiona todavía más la confianza en unos representantes públicos que evitan dar la cara. El horizonte judicial es incierto para Mazón y Pedro Sánchez sigue sin volver a visitar las zonas afectadas desde las protestas de Paiporta. La sensación extendida entre la ciudadanía la definió Juan Roig hace un mes: «Un millón de españoles nos sentimos desamparados». Si los ciudadanos buscaban garantías en sus responsables políticos de que la nefasta gestión de la dana no volverá a suceder, medio año después no tienen garantía alguna de ello.