La Comunidad de Madrid llevará a los tribunales al Gobierno central por la Ley de Eficiencia de la Justicia después de que la conferencia sectorial celebrada el pasado viernes en Barcelona resultara un "paripé" y se saldará con el plantón de todos los consejeros del Partido Popular al ministro Félix Bolaños. Así lo confirmó este lunes el consejero de Presidencia y Justicia madrileño, Miguel Ángel García Martín, quien anunció que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha realizado un requerimiento previo al Gobierno de Pedro Sánchez para que "cumpla sus obligaciones".
"De no ser atendido", fijó el también portavoz del Ejecutivo madrileño, la región acudirá al Tribunal Supremo, donde formulará un recurso contencioso administrativo. Todo con el objetivo de que el Gobierno financie de forma justa la aplicación de esta norma en aquellas autonomías que tienen competencias en materia judicial, ya que, como cifró García Martín, su entrada en vigor costará a los madrileños unos 40 millones de euros.
"Es preocupante la falta de financiación a la que el Gobierno central nos tiene acostumbrados cuando las comunidades autónomas tenemos que aplicar nuevas medidas legislativas, pero más preocupante es que a Pedro Sánchez ya no le quedan más líneas rojas que traspasar", lamentó el consejero regional durante un desayuno organizado por Europa Press.
La conferencia sectorial del pasado viernes ya estuvo marcada por el rechazo del PP a sentarse con Bolaños después de que el Gobierno descartara introducir en el orden del día las peticiones de las regiones comandadas por el PP. De hecho, este lunes el consejero madrileño incidió en que reunir a las autonomías para no escucharlas es mera "cosmética", de ahí que ahora Madrid fuerce al Ejecutivo a pronunciarse o llevará esta cuestión a los tribunales.