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La Comunidad de Madrid remitió el pasado viernes 19 de julio una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclamando mayor control migratorio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La misiva, rubricada por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Ponce Dávila, denuncia la llegada masiva de inmigrantes ilegales a territorio español a través de vuelos procedentes de África.
Concretamente, el ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso viene observado un comportamiento de ciudadanos extranjeros que han comprado billetes de avión con destino a terceros países y que aprovechan su escala en España para solicitar protección internacional.
En este sentido, la misiva de la Comunidad señala que «de los 110 menores extranjeros no acompañados que en junio han llegado por primera vez a nuestros centros de primera acogida, prácticamente la mitad lo han hecho a través del aeropuerto de Barajas, la mayoría procedentes de Mauritania».
Una circunstancia ante la que interpelan al ministro del Interior asegurando que «no podemos permitir que Barajas siga siendo un coladero», al tiempo que subraya cómo esta situación está provocando «un colapso de nuestro sistema de protección de menores. Lo que genera que se desborden todos los recursos disponibles tanto en Madrid, como en el resto de las regiones», asegura la Comunidad.
Esta carta también hace alusión a una comunicación previa del ministro del pasado 3 de abril, agradeciendo las iniciativas implementadas como la imposición de visados de tránsito aeroportuario a ciertos países, medida que logró frenar la entrada irregular de personas procedentes de distintos países de África occidental.
«Con esta medida se pudo detener en el mes de febrero la entrada irregular de personas procedentes de Gambia», aseguraba Ponce. «Sin embargo», prosigue, «el problema persiste a día de hoy» con ciudadanos procedentes de otros países africanos, principalmente Mauritania.
En este sentido, la Comunidad de Madrid recalca que «el año pasado llegaron a las costas españolas 57.000 inmigrantes en situación irregular», mientras que a Barajas «lo hicieron siete veces más, superando las 400.000 personas».
Por ello, la Comunidad reclama al gobierno llevar a cabo «acciones planificadas y coordinadas» que «permitan un mayor control de la entrada apelando a la coordinación entre los ministerios de Interior y Exteriores» para firmar convenios con países de origen y exigir visado de tránsito a los inmigrantes procedentes de estos países y una «distribución ordenada» de los mismos. De lo contrario, a juicio del ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso, «se estará reaccionando tarde y mal a los resquicios que aprovechan las mafias en su indigno comercio con seres humanos».
Finalmente, la misiva se despide instando a que el ministerio liderado por Fernando Grande-Marlaska «actúe con la mayor celeridad y tome las medidas que sean necesarias para dar respuesta a esta crisis migratoria y humanitaria» ofreciendo la colaboración de la Comunidad de Madrid «para dar respuesta a este inmenso reto que tenemos por delante».