"Recomendamos a aquellos que se encuentren en nuestro territorio en condición irregular que deberán marcharse voluntariamente o serán buscados y repatriados". Aunque lo parezca, no se trata de un nuevo discurso de Donald Trump. Quien ha copiado sus palabras es el presidente centrista de República Dominicana, Luis Abinader, quien ya había replicado el modelo migratorio estadounidense con la construcción de un muro en la frontera entre su país y Haití, nación con la que comparte la isla caribeña de La Española.
La onda expansiva de la cruzada antiinmigrantes de Trump ha animado ahora a Abinader, reelegido el año pasado, a endurecer sus medidas contra los haitianos, con el viento a favor de una mayoría social que achaca a sus vecinos buena parte de sus males. El dirigente, en un mensaje dirigido este domingo a la nación, anunció una batería de decisiones para combatir "la amenaza que representa Haití y la carga de la migración irregular en los hospitales y escuelas del país". Se trata de una "preocupación compartida" con los ciudadanos de la isla, aseguró el presidente, consciente de lo que indican las encuestas.
La protesta violenta convocada hace ocho días por la ultraderechista Antigua Orden Dominicana en el Hoyo de Friusa, barrio lleno de haitianos, alertó al Gobierno, que decidió acelerar unas medidas ya alimentadas por el discurso de Washington.
Lo más llamativo del recrudecimiento es que llega a pesar de que en los últimos seis meses ya fueron deportados 180.000 haitianos, casi el 20% de una población migrante que oscila, de forma oficiosa, en torno al millón de personas. Regreso forzado a un país en llamas que, desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, ha bajado directamente del purgatorio al infierno. El nuevo primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y el Consejo de Transición Presidencial son incapaces hasta el momento de recobrar el control de un país azotado por las bandas de gangsters, temibles en la capital, Puerto Príncipe.
"Haití atraviesa la hora más oscura de su historia", subrayó Abinader, quien se volvió a lamentar el abandono de la comunidad internacional, que se ha profundizado en medio del huracán Trump. Muy pocos creen en la isla que las autoridades puedan organizar las elecciones presidenciales para fin de año ante el caos que ya se ha hecho cotidiano.
Entre las medidas anunciadas por el presidente destaca otro despliegue militar. Al menos 1.500 soldados reforzarán la frontera, para un total de 11.000 militares. A los 34 kilómetros de muro ya construido, especialmente en Dajabón, al norte de la isla, se sumarán otros 13 kilómetros adicionales "para fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza que intente cruzar a tierra dominicana". También se prevé la incorporación de 750 agentes migratorios.
El marco legislativo también será reformado, en especial las sanciones contra los funcionarios civiles y militares que participen en el paso de emigrantes y contra las redes ilegales de tráfico de personas. El Gobierno pretende extender la persecución contra los haitianos hasta los hospitales, con la intención de que quien acuda a ellos será primero atendido y después expulsado. También se dificultará al máximo el alquiler de viviendas y habitaciones.
El pánico se ha extendido por los bateyes, comunidades compuestas por personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Cientos de emigrantes han iniciado su regreso al país ante el temor por las represalias. Los operativos a la caza de haitianos en barrios como Friusa, donde se produjo la exhibición xenófoba, y Mata Mosquitos están encabezados por el propio ministro de Defensa.
"Hemos recibido dolorosos testimonios de personas que, aun portando documentación regular, dudan de buscar atención médica o ir a trabajar por tanto temor. En un momento en el que la crisis en Haití parece llegar a nuevos hitos de alarma, estas medidas impactan el derecho de las personas a buscar protección internacional, además de contribuir a las miradas de la migración como problema de seguridad, el aumento de la militarización en las fronteras y soluciones que se alejan de la protección y el respeto a los derechos humanos", denuncia a EL MUNDO Johanna Cilano, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe.
Cilano lo tiene muy claro: "Estas nuevas medidas migratorias del presidente Luis Abinader refuerzan una política migratoria que hemos denunciado que tiene un profundo carácter racista y discriminatorio". Pero lo más llamativo es que las denuncias de organizaciones y activistas chocan con el silencio de una sociedad que ha convertido el tema haitiano en algo identitario. "Estamos ante la radicalización absoluta, porque la dominicanidad se entiende hoy directamente opuesta a la haitianidad. No se permite siquiera la discusión, está mal visto tener opiniones positivas sobre Haití, aunque sea por compasión", certifica para este periódico uno de los principales pensadores del país, bajo condición de anonimato por temor a las represalias.
Una de las voces que emergió entre la casi unanimidad nacional fue la del ex presidente Hipólito Mejía, quien alertó sobre la necesaria regularización de emigrantes, porque "la agricultura y la construcción no funcionan si no hay haitianos". Empresarios de ambos sectores también apoyan esta solución.