La World Jurist Association, organización no gubernamental que aglutina a expertos en derecho a nivel internacional -incluyendo magistrados, jueces y abogados de múltiples nacionalidades-, ha organizado este miércoles en Madrid el foro Víctimas, defensores y justicia internacional, donde el tema principal ha sido la violación de Derechos Humanos en Venezuela. El énfasis de la jornada ha estado en la necesidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) atienda la recomendación de la justicia argentina y ordene la detención de Nicolás Maduro.
Dos de los panelistas más importantes del foro han sido los abogados argentinos Tomás Farini Duggan y Elisa Trotta. Ambos son expertos en Derechos Humanos y defensores de la democracia en América Latina. Ellos, desde el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), realizaron una investigación sobre las violaciones a los Derechos Humanos que ocurren en Venezuela y que son perpetrados por el chavismo. Argentina es el único país que cuenta con una jurisdicción internacional que les permite investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países.
Gracias al trabajo de Farini y Trotta, la Cancillería argentina instó, a principios de septiembre, a la CPI a solicitar una orden de detención contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello "y otros cabecillas del régimen", ante el "agravamiento de la situación" tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y los consecuentes hechos "que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad".
Durante su intervención en el foro, Tomás Farini ha detallado en qué consiste ese principio de jurisdicción universal de la legislación argentina. "Todos los Estados delimitan cuál va a ser el área de injerencia de su propio poder. Cada Estado decide cuál va a ser este límite. Pero, en los principios que rigen esto en el mundo, se exige que exista un punto de conexión entre el Estado que pretende juzgar y los delitos que se juzgan". Sin embargo, "la justicia universal no tiene ningún punto de conexión entre los crímenes y el país que pretende juzgarlos". Es decir, que Argentina puede investigar y juzgar los crímenes cometidos en otros países, como Venezuela.
"Es algo absolutamente excepcional y hay que probar que se cometen delitos de manera sistemática", ha continuado Farini, "y sólo se pueden juzgar en la medida en que el Estado donde se perpetran esos delitos no los juzgue". El equipo de la FADD pudo probar, entonces, que en Venezuela "hay crímenes de lesa humanidad" y que "no existe un poder judicial independiente que pueda juzgar estos delitos, sino que es un apéndice del Estado".
Elisa Trotta, que además de argentina es venezolana, ha reflexionado sobre la importancia de mirar hacia el país caribeño. "Lo que sucede en las dictaduras no sólo afecta a los ciudadanos de esos países, sino que tiene una injerencia directa en la estabilidad regional y en la estabilidad mundial. Por eso el trabajo debe ser constante y conjunto... No basta condenar, hay que actuar". A su vez, ha calificado la decisión de la Cancillería argentina como "histórica". En sus palabras, "ha marcado un hito y nos ha movilizado, no sólo a los venezolanos, sino a todos los demócratas que apoyamos la búsqueda de justicia y de parar la impunidad que rige en estos casos".
Con las investigaciones lideradas por Farini y Trotta, la justicia argentina emitió esa orden de captura. No obstante, ahora depende de la CPI el hacer cumplir esa orden a nivel mundial para que tenga mayor eficacia. Pero, de momento, no lo ha hecho y el letrado argentino ha confesado que no entiende el porqué. "No hay una explicación lógica. Existen pruebas sobradas para determinar que existen crímenes de lesa humanidad en Venezuela. No hace falta ni ser abogado para saberlo, con ver la televisión queda más que claro". De hecho, el Foro Penal registra 1.936 presos políticos, 68 de ellos menores de edad. Además, la ONU ha emitido informes que evidencian las torturas y violaciones a los Derechos Humanos que padecen los venezolanos contrarios al régimen.
Farini ha aprovechado para dedicar unas palabras al fiscal de la CPI para apelar a su "deber jurídico": "La verdad, es mucho más fácil vivir asumiendo los riesgos que implica involucrarse en estas causas, que vivir sabiendo que uno pudo evitar la masacre y no lo hizo". A su vez, Trotta se ha dirigido a los líderes de todos los países del mundo: "En Venezuela el tiempo se mide en victimas... Llegó el tiempo de la comunidad internacional, y eso se traduce en acciones más allá de la expresión política".
Paolina Massidda, abogada de la Oficina Pública para la Defensa de las Víctimas de la CPI en Italia, ha sido otra de las panelistas. Ella ha hecho un repaso por las investigaciones impulsadas desde la CPI y ha expresado que está de acuerdo en que el fiscal de la CPI debe atender a la recomendación argentina y exigir la orden de detención de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, ha asegurado que eventos como el foro organizado por la World Jurist Association ayudan a que haya "presión política" para que el fiscal de la CPI actúe. "Cada decisión que tomamos depende de la voluntad", ha señalado.
"Terrorismo de Estado"
Todos los ponentes han coincidido en que la situación que vive el país latinoamericano es un "terrorismo de Estado". Así lo ha explicado Carmen Ladrón de Guevara, abogada española y docente experta en terrorismo: "La diferencia entre el terrorismo convencional y el terrorismo de Estado es que el origen de ese terror está en el propio Estado y se utiliza como una forma de hacer política". De ahí, continúa, la importancia de que la justicia en Venezuela llegue desde fuera. "Cuando el perpetrador de los delitos es el Estado, la justicia internacional juega un papel fundamental, y es a quien le corresponde ofrecer esa justicia a las víctimas para repararlas, facilitarles el duelo y reconocer lo que ha ocurrido".
En el foro también han participado Víctor Navarro, ex preso político venezolano y principal querellante en la causa argentina; Diego Solana, asesor internacional de la World Jurist Association, y Juan Carlos Gutiérrez, presidente del Instituto de Derechos Humanos de la World Jurist Association. A su vez, entre el público han estado presentes Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, y Leopoldo López Gil, ex diputado del Parlamento Europeo y padre del opositor Leopoldo López.
El evento ha sido presentado por la reconocida periodista venezolana Carla Angola. Además, ha contado con el apoyo del despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, sede del evento, y otras organizaciones enfocadas en salvaguardar los Derechos Humanos: Defiende Venezuela, World Liberty Congress, Realidad Helicoide, Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y Human Rights Foundation.