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La rescisión del contrato de compra de munición a una empresa israelí tendrá, previsiblemente, un coste económico para el Estado. Así lo adujo el Ministerio del Interior para seguir adelante con la operación el pasado octubre, cuando se licitó el contrato a la sociedad IMI Systems LTD.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sostuvo el miércoles que en caso de cancelación podría tener que "pagarse todo el contrato" sin llegar a recibir el material, lo que podría suponer un coste de más de cinco millones. Se apoyaba para ello en "una comunicación interna" -no un informe- sobre el asunto elaborada por la Abogacía del Estado y de la que no ha ofrecido detalle.
Ni la ley que regula la contratación pública ni el pliego concreto de la contratación para la compra de 15,3 millones de balas respalda una compensación tan cuantiosa. En el caso de la ley, se trataría de un 3% del contrato. Según lo establecido en el contrato, no se puede determinar la cifra, pero sí asegurar que sería mucho más baja que la planteada por el ministro para justificar la compra.
"La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrá acordarse antes de la formalización, compensándose a los candidatos aptos por los gastos en los que hubieran incurrido de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial", indica una de las cláusulas del pliego.
Interior abordó -y descartó- la posibilidad de cancelar la compra de cartuchería el pasado octubre, cuando habían pasado apenas unos días desde la licitación y no era previsible que la empresa hubiera comenzado a fabricar. En esas fechas, el ministerio aún podía desistir abonando solo esos gastos a los que hace referencia la cláusula reproducida.
El contrato precisa, además, que la Administración estará "obligada" al abono de la prestación "realmente ejecutada". Y otra cláusula, que "no podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización". Esto no sucedió hasta el jueves, con su publicación en el BOE.
Como el propio contrato, la normativa general a la que se remite tampoco hace suponer un pago millonario por el desistimiento. La Ley de Contratos del Sector Público que regula la materia -hay una específica para contratos de Defensa, pero se remite a ella- indica que el incumplimiento por parte de la Administración "determinará para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista".
Pero hay un apartado específico que establece con más precisión las compensaciones por rescisiones de contratos de suministros, como es el caso de la compra de munición. El contrato se remite al artículo de la norma que establece que la indemnización al contratista será del 3% del precio de la adjudicación del contrato si el suministro aún no se ha iniciado. Cuando ya estuviera en marcha, se debe pagar lo recibido y el 6% de lo que ya no se quiera comprar.
El caso de la munición para la Guardia Civil encajaría en el primer supuesto. El BOE publicó el lunes la contratación de dos lotes de cartuchos por un valor total de 5.490.000 euros. El 3% de esa cantidad supondría un coste de 164.700 euros por la cancelación del contrato.
La israelí IMI Systems presentó una oferta para dos de los tres lotes en los que se dividió el suministro. Uno de ellos, el de mayor importe, de munición Nato, y el otro de cartuchos semiblindados. En ambos lotes, 1 y 3, los israelíes tuvieron sendos rivales, pero ninguno superó las pruebas, por lo que IMI quedó como único posible adjudicatario.
El tipo de munición escogida que al final no llegará a los depósitos de la Guardia Civil se consideraba "idónea" para ser utilizada "en controles, manifestaciones, conducciones de presos, identificaciones de personas, etcétera". Interior justificó la compra en su "constante preocupación" por el buen entrenamiento con armas de sus agentes. No solo "por la naturaleza irreversible" que puede tener su uso, "sino, también, por la pérdida de imagen policial que conlleva, incluso cuando su empleo ha sido acertado y conforme a la normativa vigente".
El contrato precisa que un tercio de los 15,3 millones de balas para la Guardia Civil debía entregarse dentro de tres meses. Otro tercio, en el primer trimestre de 2026 y lo mismo para 2027. La entrega del material debía realizarse en el polvorín del Ejército de Tierra de Cerro Negro, en Talavera de la Reina.