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El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado este miércoles la condena de nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación impuesta al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías por el caso ERE, según informan fuentes jurídicas.
La decisión del Alto Tribunal ha vuelto a ser adoptada con la división de los magistrados. En concreto, con el voto favorable de los siete magistrados del sector progresista de la corte de garantías y con el voto en contra de los cuatro magistrados de los miembros del bloque conservador.
Han anunciado voto particular los jueces Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Ricardo Enríquez y César Tolosa.
Al igual que en el resto de recursos de amparo, el Constitucional ordena de retrotraer a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte una nueva sentencia donde se respete el derecho fundamental violentado, en el caso de Zarrías el derecho a la legalidad penal.
El Pleno del TC, en una sentencia ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, ha estimado por mayoría que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación. Para los magistrados este tipo de actuaciones ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Además, consideran que al tratarse de meras propuestas que no tienen más alcance que, en su caso, ser objeto de deliberación en el Parlamento, no pueden ser sometidas a control judicial. La jurisdicción penal no puede separarse de este criterio y dotar de trascendencia penal a estos actos.
Gaspar Zarrías fue consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía entre los años 1996 a 2009 y participó en la elaboración de los anteproyectos de ley presupuestos para los ejercicios de los años 2002 a 2009 y en su aprobación como proyectos de ley, así como en la de distintas modificaciones presupuestarias de los mismos.
Según la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo, dichos anteproyectos y proyectos de ley fueron ilegales porque infringían la normativa presupuestaria en vigor en aquel momento. En particular, porque incorporaba el uso de transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales, mediante la creación del programa 3.1 L -el conocido como fondo de reptiles- en las leyes de presupuestos, desplazando la aplicación de la normativa de subvenciones.