Unos 10.000 manifestantes colapsan Berlín. "Nosotros hacemos el pan, la mantequilla y la cerveza", gritan los agricultores, a los que se han unido los camioneros. Es lunes 15 de enero y no se recuerda en Alemania una protesta similar de tal calibre que amenaza con poner contra las cuerdas a la coalición gubernamental que preside Olaf Scholz, que sufre desde el inicio de año un rosario de protestas por todo el país por el recorte de las ayudas para el gasóleo agrícola y para impuesto sobre vehículos por un valor total de 950 millones de euros. De hecho, el 5 de enero, un grupo de manifestantes llegó a impedir el desembarco del ministro alemán de Economía y vicecanciller, Roberto Habeck, cuando regresaba de vacaciones en una isla en el norte del país.
Lo ocurrido en Berlín es el último ejemplo de la rebelión de agricultores, ganaderos y, en general, del mundo agrario y rural contra la política de recortes y exigencias medioambientales que recorre toda Europa.
Antes, a finales de noviembre, ocurrió en Francia. Toneladas de estiércol, heno y desechos, hasta un volumen de 300 metros cúbicos de residuos, fueron arrojados contra los edificios estatales de la ciudad de Cahors, célebre por sus viñedos. La protesta agrícola llegó a bloquear las oficinas de Tesorería en demanda de mejoras laborales. En diciembre, transportistas polacos y eslovacos colapsaron las carreteras de sus países para protestar lo que consideran un trato de favor al sector agrario ucraniano. Critican que las ayudas en las condiciones que parecían temporales se hayan consolidado hasta los casi dos años que dura ya la guerra. En Bruselas, en marzo, unos 2.700 tractores invadieron las calles en protesta por el plan del gobierno de la región de Flandes de reducir las emisiones de nitrógeno procedentes de los purines de las granjas. Hay más ejemplos por todo el continente en una espiral que no se detiene.
El movimiento rural y agrario tenía un antecedente de éxito político en los Países Bajos, cuando el partido de los agricultores, el BBB -en contra de la reducción de hasta el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero impuesto por el Gobierno para 2030 y el cierre forzoso de las 3.000 granjas más contaminantes del país- venció en las urnas el año pasado con el 19% de los votos.
No cabe duda de que el campo está revuelto y, aunque en muchos casos, los problemas agrarios de cada país son intrínsecos por la diferencia de cultivos entre los territorios europeos, "desde el año 2020 hay una sensación general en los agricultores y ganaderos de hartazgo: se les trata de forma injusta con respecto a otros sectores al considerarlos los máximos culpables del cambio climático, por lo que se les imponen agresivas normativas para el cumplimiento de exigentes normativas europeas medioambientales", resalta Ángel García Blanco, ganadero extremeño.
De forma paralela, hay otro punto en común en toda Europa: el fuerte incremento de burocracia que exigen las ayudas del nuevo periodo de la PAC (2023-2027).
Por tanto, existen problemas comunes a todos ellos, que se basan sobre todo en "la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y toda la hiperregulación que conlleva la agenda medioambiental en materia de reducción de fitosanitarios y fertilizantes, junto a las importaciones de terceros países, con especial incidencia en España al tener unas producciones tan variadas, sobre todo en frutas y hortalizas", comentan desde COAG.
¿Se dan en España las condiciones para una gran revuelta de todo el sector agrario y rural a imagen y semejanza de la que colapsó Madrid el 20 de marzo de 2022 organizada por la plataforma SOS Rural? A día de hoy no hay fijada ninguna fecha por parte de las tres grandes organizaciones agrarias (Asaja, Upa y Coag) para volver a sacar los tractores a la calle lo que no significa que no exista un caldo de cultivo y un malestar general en el sector que podría llevar a iniciar los primeros movimientos para "mover el avispero" a comienzos del mes de febrero. La Unión de Uniones, una organización con una representatividad menor, ya ha convocado una tractorada el 21 de febrero en la capital de España por la crisis del sector, que viene de sufrir el año pasado una campaña marcada por las fuertes sequías y la baja producción.
La nueva subida del SMI o más bien "que no existe a la vez una rebaja de los seguros sociales", según declara Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, ha vuelto a golpear a los empresarios agrarios, según esta organización, que pone el acento en que "en los últimos cinco años los costes salariales en el sector agrario han generado un impacto dramático en las cuentas de las explotaciones agrarias", unido, recuerda Pedro Barato "al encarecimiento de todos los bienes de producción y con unos precios de venta que no permiten repercutir costes". Asaja subraya que en 2022, "el incremento de los costes salariales, unido a los nefastos efectos de la reforma laboral, hicieron caer el empleo en el campo en 86.900 trabajadores", mientras que "en 2023, sólo en el tercer trimestre, el número de ocupados en agricultura y ganadería bajó en 34.000 personas respecto al año anterior".
A todo ello se le unen los bajos precios por las cosechas, la falta de un apoyo más decidido del Gobierno a los seguros agrarios, la escasa ayuda a los ganaderos para arreglar enfermedades como la tuberculosis o la pérdida de poder adquisitivo y las exigencias medioambientales son buena parte del decálogo de grandes problemas que afectan al campo español. Tampoco olvidan lo que consideran una «persecución constante del Ministerio de Trabajo» con respecto a las inspecciones laborales, que incluyen elevadísimas multas, la falta de ayudas para el relevo generacional o las nulas inversiones en infraestructuras hidráulicas por parte del Gobierno. ¿Suficiente para volver a tomar las calles en España en la próxima primavera y continuar con las protestas que están inundando Europa?