Se prepara una sonada derrota parlamentaria del Gobierno con consecuencias legales en un asunto estrella del programa del PSOE: el cierre de las centrales nucleares sin extender más su vida útil.
Junts tiene intención de facilitar la aprobación en el Parlamento de la propuesta, ya con rango de ley, registrada este jueves por el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, para derogar el calendario de cierre.
Fuentes de Junts consultadas por este diario dan por segura la abstención, como mínimo, en esta iniciativa, ante el clamor empresarial e industrial existente en Cataluña y en coherencia con la posición que mantuvieron el pasado año cuando el PP puso sobre la mesa una proposición no de ley. Aquéllo no pasó de ser un brindis al sol, pero ahora se presenta ya a tramitación la llamada «Proposición de ley para garantizar la aportación de la energía nuclear a la descarbonización del sistema energético». Ya no sería un mero posicionamiento político, sino una norma destinada al BOE.
El calendario que maneja el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, implicado personalmente en este serio golpe a la política energética de Pedro Sánchez desde 2019, es el Parlamento apruebe ya en un mes la toma en consideración de esta nueva ley con vistas a su aprobación a tiempo de salvar, de momento la central extremeña de Almaraz, que, para cumplir su calendario de cierre a partir de 2027, está ya estos meses en recta final operativa.
El PP no ha negociado previamente esta propuesta con Junts, pero en su disposición derogatoria única incluye no sólo la supresión de la orden ministerial de Teresa Ribera de 2021 de cierre de Almaraz a finales de esta década, sino también de la que firmó de la catalana Ascó.
«Ascó en la misma situación delicada que Almaraz, si no se revierte su orden de cierre como defendemos en esta propuesta», recalca el portavoz energético del PP, Juan Diego Requena.
Desde la patronal catalana Foment a un amplio número empresas catalanas presionan para que se extienda la vida útil de las centrales de Cataluña como fuente fundamental de suministro ante la limitada penetración de energías renovables en su comunidad.
Junts coincide con la preocupación de estos sectores económicos y su líder, Carles Puigdemont, no quiere que la iniciativa decaiga. Este lunes se reúne la comisión permanente de Junts, aunque todavía llevará semanas hasta que pueda votarse en el Congreso la tramitación de la propuesta de ley, que será cuando intervenga su portavoz, Miriam Nogueras. Hasta entonces, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, puede intentar vetar la iniciativa, pero tendría que alegar que es inconstitucional o de elevado coste presupuestario, algo que Requena ve indefendible.
Feijóo ve motivos para alargar como mínimo diez años más la vida de las centrales que antes debían cerrar, incluida Cofrentes, y, de ser aprobada su proposición, todas ellas quedarían salvaguardadas si las eléctricas logran el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear. Las gemelas en el mundo de las centrales españolas han recibido permisos para operar hasta 80 años en otros países como EEUU.
Sólo con la abstención de Junts puede salir ya adelante, pero también se encuentra bajo presión empresarial y sindical Esquerra, que también se abstuvo en la proposición inicial no de ley del PP.
Con todos estos mimbres, puede que España termine uniéndose a la corriente europea a favor de prolongar la energía nuclear para no depender tanto del gas ruso y de EEUU.
Dos altos cargos europeos procedentes del actual Gobierno, ya están teniendo que amoldarse. Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea, ha autorizado ya una inyección multimillonaria del Gobierno belga en sus centrales para extender su vida útil. Y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, ha firmado el primer préstamo de esta institución a un proyecto relacionado con la energía nuclear francesa en 18 años: 400 millones para un plan de enriquecimiento de uranio. Sánchez tiene difícil no secundar a sus exministras.