- El PP registra una proposición de ley en el Congreso para mantener la nuclear y exige a Moncloa un nuevo Plan de Residuos Radiactivos
- Iberdrola, Endesa y Naturgy negocian ya una miniprórroga hasta 2030 para Almaraz: "El plazo acaba en primavera"
El PSOE no quiere fisuras internas en el debate nuclear. Con el PP liderando una nueva ofensiva parlamentaria para frenar el cierre y las dueñas de las centrales pidiendo audiencia con la vicepresidenta Sara Aagesen para revisar el calendario, la cuestión copa cada vez más espacio en la agenda política. Por ello, la formación socialista está aleccionando a sus diputados en el Congreso con un argumentario en contra de esta fuente de energía. El manifiesto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, centra el debate en los costes, elude el contexto internacional y minimiza las dudas sobre la seguridad de suministro de un mix energético sin nucleares.
A medida que se aproxima el cierre de la central extremeña de Almaraz, la primera de la lista según el protocolo pactado en 2019 entre las eléctricas y el Gobierno, crecen las voces disonantes, con el PSOE de Extremadura, que lidera Miguel Ángel Gallardo, como punta de lanza. Su postura es la de alargar la vida de Almaraz, cuyo cierre está previsto para 2027, hasta que haya en la región «una alternativa equivalente en empleos». «Defendemos su continuidad o que se renegocie el calendario», afirman desde el PSOE extremeño, e indican que a finales de enero pidieron por carta las dueñas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) que solicitasen formalmente la extensión al Gobierno central.
Precisamente, este es uno de los argumentos que recoge el documento interno del PSOE, Razones para la sustitución gradual de la energía nuclear en España, para convencer a sus diputados del plan de cierre. «De momento, ninguna empresa ha solicitado formalmente un cambio de calendario». Y es cierto, si bien tanto Iberdrola como Endesa sí han solicitado por carta a la ministra para la Transición Ecológica una reunión para abrir un diálogo al respecto.
La doctrina del PSOE pone el foco en la cuestión fiscal y acusa al PP de «protestar» ahora por unos impuestos «que ellos pusieron cuando era presidente Mariano Rajoy», como el del 7% a la producción o el del combustible gastado. Ambos contribuyeron a disparar la carga fiscal de la nuclear en España, actualmente en 28 euros por megavatio hora frente a los 14 euros de Francia donde, eso sí, las centrales están nacionalizadas. Lo cierto es que el reclamo de las eléctricas en el frente tributario se centra en la tasa Enresa, su pago anual a un fondo estatal para costear el desmantelamiento. El Gobierno la subió un 30% en 2024 unilateralmente y excediendo los límites acordados en el protocolo de 2019, lo que ha acarreado un sobrecoste de más de 2.000 millones, lo que ha llevado a una batalla judicial.
Fuentes empresariales insisten en que no están reclamando no pagar por los residuos generados, sino «evitar la redundancia» de figuras impositivas que hacen inviable la actividad nuclear. Entre ellas, las tasas autonómicas, contra las que también carga el manifiesto socialista, que recuerda que la Junta de Extremadura que lidera la popular María Guardiola se niega a renunciar a los más de 80 millones anuales que recauda de Almaraz gracias a la tasa regional.
En su argumentario, el PSOE elude el evidente cambio de tendencia internacional a favor de la nuclear que sí recoge la Agencia Internacional de la Energía (IEA), entre otros organismos oficiales. «El interés por la energía nuclear se encuentra en su nivel más alto desde la crisis del petróleo de los 70: más de 40 países apoyan la expansión de su uso», concluyó la IEA en un informe de enero. El PSOE únicamente traslada a sus diputados el caso de Alemania, pionera en Europa en decretar el cierre de sus centrales. Si bien, Friedrich Merz, el democristiano ganador de los últimos comicios en el país germano, ya ha sugerido la conveniencia de aprobar una moratoria atómica.
«Las nucleares no son ni baratas ni limpias, porque deben ser gestionados durante cientos de años», destaca el documento interno. La gestión de residuos es, sin duda, uno de los mayores desafíos de esta tecnología, si bien esto no ha impedido que la UE haya incluido a la nuclear en la taxonomía verde porque no emite CO2, el termómetro que, a día de hoy, determina si una tecnología es o no limpia. El manifiesto tampoco contempla las dudas que suscita un mix sin nuclear, una fuente gestionable que da respaldo al sistema y que a largo plazo no podrá sustituirse con solar y eólica, como sugiere el PSOE, sino con gas.
El PSOE extremeño no es el único verso suelto. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, planteó recientemente la idoneidad de un Pacto de Estado que despeje la incógnita nuclear y no ignore que en la UE, «lo que era un ultimátum ya no lo es tanto». Los tiempos políticos son, sin embargo, distintos a los del PSOE de Extremadura, pues el cierre de la central de Trillo (Guadalajara) no está agendado hasta 2035. Almaraz, en cambio, ejerce una presión política en tiempo presente.
Precisamente, el documento de Ferraz destaca el caso de Cataluña, enormemente dependiente de su parque nuclear. «Con un 60% de su electricidad procedente de la nuclear (frente al 20% nacional), el desarrollo renovable es clave», destaca. Las catalanas Ascó I y II y Vandellòs cerrarán, si nada lo impide, entre 2030 y 2035. Fuentes empresariales, técnicas y políticas de todo el espectro ideológico admiten en que Cataluña será el punto de inflexión en este debate, pues ven «inviable» que la región pueda sustituir la aportación atómica con renovables. El manifiesto del PSOE insiste en enfrentar ambas tecnologías, bajo el argumento de que una nueva nuclear «exige 20 años para estar en funcionamiento» frente a los cuatro o cinco de un parque verde. «Ese debate no tiene sentido en España, donde no se está planteando abrir más centrales, sino extender las actuales», insisten desde el sector.