Vox lanzó su lista de 24 exigencias el pasado lunes sobre las que basaría su voto favorable a los presupuestos que presenta el Gobierno de Carlos Mazón y muchas de ellas ya están recogidas en el proyecto que este jueves ha entregado la consellera de Hacienda, Ruth Merino, en las Cortes. Lo explica el Partido Popular justificando que son políticas con las que ya se mostraron de acuerdo hace un año, cuando pactaron las cuentas como un gobierno de coalición, en las que ahora avanzan.
La memoria histórica, la promoción del valenciano o la cooperación han sufrido recortes frente a partidas ideológicas como el fomento de las señas de identidad y otras con más impacto en la vida de los ciudadanos como la atención primaria o la dependencia.
Vox puso su foco en la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y, mientras en 2024 no se tocó la financiación de este órgano estatutario, incluso se incrementó un 6% para atender a gastos de personal, en 2025 su partida para gastos de funcionamiento se ve reducida un 45%. De contar con 897.000 euros pasa a 500.000 y también se recortan un 21,7% sus gastos de personal. En total, el recorte presupuestario al ente normativo es del 25%.
Algo similar ocurre con la promoción del valenciano desde la Conselleria de Educación. Si en 2024 se mantuvo la inversión del Botànic, 3,94 millones de euros, para 2025 se contemplan 3,7, lo que supone una rebaja del 10%. Bajan las partidas de ayudas al fomento de la lengua asociaciones cívicas y ONG a la mitad -no en las festivas como Fallas, Hogueras o Moros y Cristianos, que se mantiene-, y ligeramente las destinadas a la promoción en ámbitos locales, el cine y el doblaje o los medios de comunicación. Aparece una nueva línea para la promoción mediante la Inteligencia Artificial, dotada con 1,3 millones.
Por contra, las ayudas directas a organismos que, a criterio del PP y Vox, defienden las señas de identidad valencianas. Para esta promoción se destinan en el presupuesto de la Generalitat 100.000 euros y se dota con 50.000 a la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), cuando en 2024 recibió 15.000, y con otros 50.000 euros a Lo Rat Penat.
El otro gran objetivo de Vox era la Memoria Histórica, que hasta la Ley de Concordia aprobada en julio, Mazón la recogió en Presidencia sacándola de Justicia e Interior, que estaba en manos del partido de Abascal. Para 2025, las subvenciones pasan de 1,78 millones a 1,1 millones. Desparecen las ayudas para Asociaciones de Memoria Democrática del País Valencià (40.000 euros) y hay recortes en las destinadas a la apertura de fosas, en la promoción y difusión de actuaciones de reparación "de violencia social y política" o en programas de investigación como el de la Universitat de València (UV) para la identificación de restos.
Especialmente llamativo, porque pasa de 490.000 euros a 200.000, es la rebaja de una línea que hasta ha cambiado de nombre. De estar destinada a la retirada de vestigios de la Guerra Civil y el franquismo y la protección de lugares de singular relevancia pasa a denominarse para la "puesta en valor y protección de los lugares relacionados con las víctimas de la violencia social y política".
Cooperación es otro de los capítulos en los que Vox pretende meter la tijera y lo ha logrado al menos en las líneas nominativas de ayudas, que pasan de tres millones a 1,3 y en las que sólo se mantienen Farmacéuticos Mundi y Cruz Roja, con 600.000 euros, pero desaparecen Unicef, Acnur y la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, que fue petición expresa del partido de Abascal. Merino justificó que el Consell quiere ahora que estas ayudas sean "por concurrencia competitiva".
El presupuesto global de cooperación apenas baja, pero sus principales partidas se redirigen a la emergencia de la dana. Desaparecen las vinculadas a proyectos relacionados con el 0,7% y se redirigen a organizaciones que presten sus servicios en la zona afectada por la riada.
En este proyecto, que podrá ser enmendado en las Cortes con las propuestas de los grupos parlamentarios, no aparece rebajas en las partidas de los sindicatos y agentes sociales, que Vox pretendía cifrar en un 30%.
Si estos son los recortes, los principales incrementos se dan en las partidas que el Consell denomina más sociales. El gasto en Sanidad se incrementa un 7,8%, 664 millones más para alcanzar los 9.170, el 38% del presupuesto total ordinario. Especialmente va destinado al impulso a la Atención Primaria, que suma 47 millones más llegar a 1.738 millones, también se incrementa la inversión en Atención hospitalaria y las políticas de salud mental y prevención de adicciones que contarán con 192 millones.
En cuanto a Servicios Sociales, la tercera conselleria en presupuesto tras Sanidad y Educación, la partida que más crece es la destinada a la dependencia, que crece en 100 millones por el récord histórico de personas beneficiarias