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El barranco del Poyo se convirtió el 29 de octubre en el epicentro de la tragedia. Lo que en él sucedió explica por qué la DANA que ha arrasado Valencia fue tan devastadora en parte del área metropolitana de la capital: el caudal que ese día corrió por el barranco multiplicó por cuatro el del Ebro. Las consecuencias son conocidas -más de 200 fallecidos e innumerables daños materiales-, pero las causas, también. Hace años que este punto crítico está catalogado como área de «alto riesgo potencial» de inundaciones.
Así consta en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación (PGRI) de la Cuenca del Júcar desde 2011. Es más, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzó en 2006 a tramitar el proyecto de obras para la «Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera». ¿El objetivo? Mitigar el riesgo de inundaciones en 11 municipios del entorno del barranco del Poyo, los mismos que han quedado destrozados tras la DANA. Desde entonces, nada se ha hecho, pues el proyecto sigue guardado en un cajón tras frenarse varias veces por distintas administraciones y con excusas diferentes.
«Desde 2018 empezamos a recuperar esa obra y nos encontramos de nuevo con problemas y falta de consenso en el territorio», alegó ayer en su comparecencia en el Congreso Teresa Ribera. La ministra para la Transición Ecológica había acusado previamente al gobierno de Mariano Rajoy de paralizar las obras hidráulicas que hubieran minimizado el riesgo de riadas en el Poyo. Sin embargo, también las administraciones socialistas frenaron después las obras. Tanto el Ejecutivo de Pedro Sánchez como el valenciano de Ximo Puig.
En septiembre de 2021, la CHJ presentó sus planes para la gestión del riesgo de inundaciones en diferentes enclaves, incluido en el Poyo, con análisis del coste-beneficio de cada obra. Unos meses antes había accedido a la presidencia del organismo dependiente del Ministerio Miguel Polo. El actual presidente de la CHJ sigue guardando silencio en toda esta crisis de la DANA, a pesar de ser uno de los señalados por no informar del aumento del caudal en el Poyo el día 29.
Problema recurrente
Según recoge el documento de aquella presentación de 2021, el proyecto de adecuación del Poyo era uno de los planes que se habían paralizado, junto al de la vía verde de conexión del barranco de la Saleta al río Turia. En ambos casos, por «falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales», tal y como especifica la documentación oficial de la jornada. Y ello a pesar de que, según advertía la CHJ, las inundaciones en esta zona eran entonces un problema «recurrente», tras haberse contabilizado 68 «históricas» y «más de 10 desde el año 2000».
La propia CHJ, en su Informe de seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (años 2022 y 2023), expondría luego que «se debe reorientar la solución inicialmente prevista, de forma que se archiva el antiguo expediente autorizado en el año 2006».
El organismo estatal proponía entonces un proyecto alternativo «debido a la incompatibilidad de la solución inicialmente prevista con la Ley 5/2018, de 6 se marzo, de la Huerta de Valencia». Es decir, la CHJ responsabiliza al anterior gobierno valenciano de Ximo Puig de frenar con su ley de protección de la huerta las obras en el barranco del Poyo. Fue entonces cuando se puso sobre la mesa el «Pla de Quart», esto es, «una actuación blanda que se combina con una restauración ambiental, para minimizar el riesgo de inundación» en la zona, y que «deberá completarse con soluciones compatibles con las nuevas restricciones».